En un fallo histórico, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Keiko Fujimori, ordenando el archivo definitivo del caso “Cócteles”, investigación que la vinculaba a presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016.
El máximo intérprete de la Constitución determinó que se vulneró el principio de legalidad penal, al aplicarse una figura de lavado de activos que no existía al momento de los hechos. Por ello, el TC dispuso dejar sin efecto todas las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, incluidas las resoluciones que rechazaron los pedidos de excepción de acción formulados por la defensa.
La decisión del colegiado también ordena al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ajustar la situación jurídica de la lideresa de Fuerza Popular, dando por concluido el proceso en su contra.
El “Caso Cócteles” investigaba presuntos aportes irregulares a través de actividades sociales y rifas organizadas por el partido Fuerza Popular para financiar sus campañas políticas. Con la resolución del TC, el proceso judicial queda archivado en su totalidad, cerrando una de las investigaciones más emblemáticas derivadas del caso Lava Jato en el Perú.
La medida ha generado reacciones divididas en el ámbito político y judicial. Mientras los simpatizantes de Fujimori celebran el fallo como una “reivindicación de la justicia”, diversos sectores advierten que la resolución podría marcar un precedente que impacte otros casos de corrupción y financiamiento político.
El Ministerio Público, por su parte, evalúa los alcances de la decisión y sus implicancias sobre procesos aún en curso.
