La inseguridad en las carreteras y calles del país llegó a su punto crítico. El Congreso de la República, junto a los principales gremios de transportistas, acordó declarar en emergencia el sector transporte tras una serie de asesinatos, ataques y cobros extorsivos que mantienen en zozobra a miles de conductores.
La violencia en el sector transporte alcanzó niveles alarmantes. Ante el creciente número de crímenes contra choferes y cobradores, el Congreso y los gremios del transporte público e interprovincial anunciaron la declaratoria de emergencia nacional del sector, una medida que busca frenar la inseguridad que se ha extendido en todo el país.
La decisión fue resultado de una larga reunión entre representantes del Parlamento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio del Interior, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y líderes de los principales sindicatos de transporte urbano.
“No hemos salido a jugar, salimos porque nos están matando. Cada día un chofer no regresa a su casa. Exigimos que el Estado nos proteja”, manifestó Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, quien encabezó las protestas y denunció el abandono del sector.
Por su parte, el presidente del Congreso, José Jerí Oré, subrayó que la emergencia permitirá acciones rápidas y coordinadas entre el Gobierno y la Policía Nacional.
“No podemos tolerar que el crimen organizado controle las rutas del país. Esta declaratoria busca devolverle la tranquilidad a quienes mueven la economía desde el volante”, señaló el parlamentario.
Medidas adoptadas:
- Declaratoria de emergencia nacional para el sector transporte.
- Creación de una mesa técnica interinstitucional, con representantes del Congreso, el Ejecutivo, el MTC, el Ministerio del Interior y la PCM.
- Diseño de un plan de seguridad vial y ciudadana, con cámaras de vigilancia, botones de pánico y control policial en terminales.
- Evaluación de incentivos y seguros para conductores afectados por extorsión o violencia.
Una crisis que no da tregua:
En lo que va del año, más de 60 ataques violentos contra unidades de transporte se han reportado en Lima, Trujillo, Chiclayo y el Callao. Las mafias dedicadas al cobro de “cupos” amenazan a choferes y empresarios, exigiendo pagos semanales bajo amenaza de muerte.
Los gremios advirtieron que, si las medidas no se concretan en los próximos días, el paro nacional anunciado para el 23 de octubre se llevará a cabo indefinidamente. “No queremos paralizar el país, pero necesitamos garantías para trabajar. Si no hay seguridad, no habrá servicio”, indicó Palomino.
La declaratoria de emergencia marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el transporte público, considerado un sector vital para la economía y el bienestar social.
