Integrantes del gabinete apelan a la “presunción de inocencia”, mientras crece la polémica por grabaciones que comprometen al titular de Justicia y al premier.
El Ejecutivo de Dina Boluarte enfrenta un nuevo escándalo político tras la difusión de audios que revelan un presunto tráfico de influencias a favor de un policía condenado. Lejos de marcar distancia, los ministros del gobierno optaron por defender públicamente a sus colegas involucrados: el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.
El titular de Salud, César Vásquez, sostuvo que es “prematuro” emitir conclusiones. “Esos temas están en investigación. Lo único que pedimos es que estas se hagan de manera objetiva, sin contaminación mediática. (…) No hay inestabilidad, seguimos trabajando firmes y más unidos que nunca”, declaró, confirmando además que la presidenta respalda a todos sus ministros.
En la misma línea, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, aseguró que el gabinete se mantiene sólido: “Nosotros creemos en la presunción de inocencia del ministro Santiváñez. (…) Todo el Gabinete está apuntando al desarrollo económico, la estabilidad y la protección de cada ciudadano”.
El audio que compromete a Santiváñez y Arana
El programa Panorama difundió un audio en el que se escucha a Santiváñez interceder a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, alias El Diablo, exagente policial sentenciado por integrar la organización criminal Los Pulpos. En la grabación, Santiváñez solicita al entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, el traslado de Salirrosas en el penal El Milagro de Trujillo a un pabellón con mejores condiciones.
La conversación revela un presunto uso indebido de poder. Santiváñez afirma: “Han venido al Ministerio los familiares de los policías. ¿Te acuerdas de Marcelo Salirrosas, el que está en Trujillo?”. Arana responde: “Lo veo ahorita”, comprometiéndose con el pedido.
De acuerdo con investigaciones fiscales, Santiváñez también habría tramitado un hábeas corpus en el Tribunal Constitucional a cambio de 20 mil dólares, con la promesa de gestionar un fallo favorable. El caso suma denuncias por uso irregular de su posición y refuerza la hipótesis de un esquema de tráfico de influencias en el Ejecutivo.
La defensa cerrada del gabinete contrasta con la magnitud de las acusaciones, dejando en entredicho el compromiso del gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
