La exprocuradora asegura que su cese responde a presiones directas del alcalde de Lima y Renovación Popular, mientras el Minjus guarda silencio ante denuncias de amenazas.
La tormenta política y judicial en torno al caso Lava Jato sumó un nuevo capítulo. Silvana Carrión, cesada el último viernes como Procuradora Ad Hoc, denunció que su salida no fue una decisión técnica ni jurídica, sino el resultado de presiones de Rafael López Aliaga y su agrupación Renovación Popular.
Carrión reveló que en el acta de la Procuraduría General del Estado (PGE) se consignan pedidos expresos del alcalde de Lima para su destitución. Según relató, desde junio López Aliaga solicitó hasta tres veces su salida, respaldado por congresistas de su bancada. Todo ello en un contexto clave: la audiencia programada para el 25 de septiembre donde se discutiría la incorporación de Renovación Popular como tercero civil responsable por aportes de campaña vinculados a Odebrecht y OAS.
La abogada denunció además haber recibido más de 20 mensajes “intimidatorios” del burgomaestre, exigiéndole que interviniera en un proceso en EE.UU., hechos que puso en conocimiento de la Procuradora General, María Caruajulca, quien —según afirmó— no adoptó ninguna medida.
Carrión advirtió que esta presión política vulnera la autonomía de la PGE, una institución creada justamente para blindar a los procuradores de injerencias partidarias. “El riesgo es que la Procuraduría quede sometida al poder político y al gobierno de turno”, señaló.
Por su parte, López Aliaga negó haber influido en la decisión de su cese y aseguró que solo le pidió a la exprocuradora que asumiera la defensa del Estado en cortes internacionales, lo que ella habría rechazado.
