Han pasado más de 1,000 días desde que Pedro Castillo perpetró el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, un hecho que derivó en su detención y posterior prisión preventiva. Sin embargo, el Congreso de la República aún no ha concretado su inhabilitación por infracción a la Constitución, lo que abre un debate sobre las razones de esta prolongada demora.
Analistas políticos sostienen que el Parlamento ha mostrado una evidente falta de celeridad para resolver un tema de gran trascendencia institucional. Para algunos, la inacción responde a cálculos políticos internos y a la fragmentación de bancadas, que priorizan sus intereses antes que el cierre de un proceso que marcaría un precedente histórico.
En la opinión pública, también ha surgido la interrogante sobre un posible solapamiento por parte del actual gobierno y ciertos sectores del Congreso, debido a afinidades ideológicas con el expresidente. Mantener abierta la situación de Castillo, según especialistas, resulta funcional a determinados actores políticos, que lo usan como carta de negociación o como referente en la polarización nacional.
La falta de una decisión final sobre la inhabilitación alimenta la percepción de impunidad y debilita la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Mientras tanto, el proceso sigue en espera, y la pregunta persiste: ¿qué hay realmente detrás de la inacción del Congreso?
