El fallo del Tribunal Constitucional no impide investigaciones por flagrancia, pero busca resguardar la figura presidencial hasta el final del mandato de la mandataria en 2026.
Pedro Hernández, magistrado del Tribunal Constitucional (TC) y ponente en la demanda competencial del Poder Ejecutivo, aclaró que la reciente sentencia que suspende las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte tiene como finalidad proteger la investidura presidencial durante su mandato hasta 2026.
“Como lo que se está analizando es un criterio interpretativo, el TC decide suspenderlas y asume que todo lo que se ha realizado es válido. Lo que está señalando y protegiendo es la investidura hasta que se retome en 2026”, explicó Hernández.
El magistrado subrayó que la sentencia no niega la posibilidad de investigar a la presidenta en casos de flagrancia. “El planteamiento no significa imposibilidad de investigar; busca contemporizar con otros bienes constitucionales que podrían restringir la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial”, indicó.
Hernández también precisó que uno de los puntos más debatidos entre los jueces fue la reforma del artículo 117 de la Constitución, que define las causales para acusar al presidente durante su mandato.
