El congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay propone que las entidades públicas reconozcan automáticamente la prescripción de deudas y se prohíba su ejecución coactiva, bajo sanción a los funcionarios que incumplan.
Un proyecto de ley presentado por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, de Alianza por el Progreso, apunta a una reforma sustancial en el sistema tributario peruano. La iniciativa plantea que las entidades públicas declaren de oficio la prescripción de las deudas tributarias y se prohíba su ejecución coactiva, eliminando así la obligación del contribuyente de iniciar largos procesos administrativos o judiciales para hacer valer este derecho.
De acuerdo con la propuesta, la Administración Tributaria —en los niveles nacional, regional y local— deberá emitir resoluciones que reconozcan la prescripción en un plazo máximo de 60 días, siempre que se cumplan los requisitos del Código Tributario. Estas resoluciones deberán notificarse al contribuyente en un máximo de tres días hábiles, bajo responsabilidad del funcionario a cargo.
El proyecto establece que serán nulas de pleno derecho todas las medidas coactivas, embargos o resoluciones sobre deudas prescritas. Además, los funcionarios que incumplan esta disposición incurrirán en falta administrativa grave, incluso si declaran la prescripción de manera incorrecta por dolo o negligencia.
En la exposición de motivos, Cordero Jon Tay señala que la medida busca garantizar seguridad jurídica y respeto al principio de legalidad, además de evitar que los contribuyentes afronten gastos innecesarios para defenderse en tribunales. Como referencia, destacó que países como España ya aplican automáticamente la prescripción tributaria, fortaleciendo así la confianza en el sistema fiscal.
La norma, de aprobarse, entraría en vigor 90 días después de su publicación, tiempo en el que las entidades deberán implementar sistemas de control interno y reportar semestralmente a la Contraloría General de la República sobre las prescripciones declaradas. Según el legislador, esta reforma permitirá reducir la carga procesal en el Poder Judicial y enfocar la cobranza estatal en deudas vigentes y realmente exigibles.
