El expresidente, procesado por el fallido golpe de Estado, pidió a mandatarios vecinos una “guerra contra la corrupción” y afronta una acusación por liderar una presunta red criminal con congresistas de Acción Popular.
En la sesión número 52 de su juicio por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo sorprendió al convocar, desde el penal de Barbadillo, a una “guerra contra la delincuencia y la corrupción” dirigida a los presidentes de Colombia, Chile, Bolivia y Brasil. “Desde acá invoco a Petro y al presidente de Chile, Bolivia, Brasil: de una vez vamos a la guerra”, declaró ante la magistrada Norma Carbajal, quien le pidió ajustarse al tiempo asignado para su presentación.
Castillo reiteró que es inocente y que no se ha acreditado el delito que se le imputa. “Soy un presidente secuestrado, un presidente que empezó a impulsar el desarrollo de miles de compatriotas”, afirmó. Aprovechó además para acusar a sus detractores de carecer de autoridad moral y recordó episodios polémicos como la venta de armas a la FARC y el hallazgo de droga en el avión presidencial durante gestiones pasadas.
Paralelamente, el Ministerio Público, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el exmandatario por presuntamente liderar una organización criminal, así como por delitos de tráfico de influencias y colusión agravada.
Según la tesis fiscal, Castillo habría articulado, junto a legisladores y funcionarios, una red para asegurar votos en el Parlamento a cambio de beneficios políticos y económicos. Entre los señalados se encuentran congresistas de Acción Popular conocidos como “Los Niños” —incluidos Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Ilich López, Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Pedro Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero y Carlos Zeballos— así como Karol Paredes y Carlos Alva. La acusación plantea la presunta comisión de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio, en un caso que podría reconfigurar el panorama político en el Congreso.
