La Fiscalía acusa a 39 regidores por la expropiación de un terreno de 15 mil m² en la Vía Expresa Sur. El proyecto sigue sumando críticas, accidentes y reclamos por violaciones a derechos básicos.
Una nueva polémica sacude la gestión de Rafael López Aliaga. Esta vez, el Ministerio Público ha denunciado penalmente a 39 regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima por los desalojos realizados en el marco del proyecto de la Vía Expresa Sur. Según el regidor Arón Espinoza, férreo opositor del alcalde, la denuncia se basa en una expropiación “arbitraria” de un terreno de 15.000 metros cuadrados, con partida inscrita en Registros Públicos, sin coordinación con los propietarios.
La denuncia llegó el mismo día en que se presentaban los trenes Caltrain, lo que Espinoza calificó como una cortina de humo frente a una administración que —según él— impone decisiones sin transparencia ni planificación. “Lo que se ha inaugurado no es la vía expresa, son carriles auxiliares mal señalizados, con múltiples accidentes y atropellos. No hubo planificación ni respeto al debido proceso”, señaló en Exitosa.
Las críticas también apuntan a la actitud del alcalde frente a sus detractores. Espinoza denunció hostilidad y ataques personales: “Por decir lo que pienso, me he ganado calificativos y adjetivos. Este es un gobierno municipal que no tolera la discrepancia”.
Una obra cuestionada desde el inicio
La Vía Expresa Sur fue presentada como un proyecto clave para descongestionar Lima y reducir los tiempos de viaje. Sin embargo, desde su implementación parcial, los problemas se multiplican. La falta de señalización, semáforos y alumbrado en los carriles auxiliares inaugurados ha provocado una seguidilla de accidentes, choques y atropellos, sobre todo en cruces cercanos a colegios y zonas residenciales.
Además, los trabajos destruyeron áreas verdes y espacios públicos, afectando la calidad de vida de los vecinos. Lo que antes eran parques hoy son tramos oscuros e inseguros. A esto se suma la denuncia de Luz del Sur por daños a cables subterráneos, lo que ha puesto en riesgo el suministro eléctrico y la seguridad peatonal.
Desalojos bajo la lupa judicial
El caso más delicado es el de las familias en San Juan de Miraflores, donde más de 20 viviendas del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve II se salvaron de la demolición gracias a una medida cautelar dictada por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima. El fallo detiene los desalojos al constatar que la Municipalidad no contaba con un Expediente Técnico Definitivo aprobado.
Los residentes —muchos con títulos desde hace más de 35 años— no buscan frenar la obra, sino exigir respeto a sus derechos. Denuncian que la MML actúa con arbitrariedad, negándose incluso a acatar el mandato judicial y privilegiando otros intereses, como la protección al Terminal Terrestre de Atocongo, que permanece intocado.
Se estima que el avance de esta obra podría afectar hasta 350 familias, además de instituciones educativas. Frente a ello, los vecinos han anunciado que se organizarán para resistir cualquier intento de desalojo sin respaldo legal, exigiendo justicia frente a un proyecto que, lejos de unir la ciudad, la divide cada vez más.
