Una empresa vinculada a un exmilitar chileno fue autorizada a instalarse dentro del Ala Aérea N.° 2 de la FAP. El escándalo ya es investigado por la DINI y la Fiscalía Anticorrupción.
Un caso que amenaza directamente la seguridad nacional sacude al Estado peruano. La empresa Puma Air, vinculada al exoficial chileno Walton Humberto Mery Pinto, logró instalar un taller aeronáutico nada menos que dentro del Ala Aérea N.° 2 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el Callao, con autorización oficial y sin pasar los filtros de seguridad necesarios. El hecho, revelado por Panorama, expone una cadena de negligencias que compromete a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y podría derivar en un escándalo internacional por presunto espionaje.
Según documentos oficiales, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente del MTC, otorgó a Puma Air los permisos para operar desde 2020, utilizando como dirección exacta las instalaciones de la base FAP Armando Revoredo Iglesias. Todo ello, a pesar de que las leyes peruanas prohíben expresamente que empresas extranjeras —y aún más, con vínculos militares— operen en zonas estratégicas sin pasar estrictos controles de inteligencia.
Lo más alarmante: la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) ha iniciado una investigación de oficio ante la posibilidad real de que haya habido infiltración extranjera con fines de espionaje. El gobierno chileno ya confirmó que Mery Pinto fue parte del Ejército de su país como oficial de Caballería, lo que eleva aún más el nivel de preocupación.
Además de operar dentro de una base aérea nacional, Puma Air habría prestado servicios a empresas estratégicas del sector energético, abriendo la puerta a una potencial fuga de información sensible.
Desde la propia Fuerza Aérea, fuentes internas admitieron que cualquier contratación con empresas extranjeras debía pasar por el tamiz de inteligencia nacional. En este caso, eso no ocurrió. El abogado penalista Enrique Ghersi fue claro: «Están violando la ley gravemente. No basta con que tengan un RUC peruano si los beneficiarios reales son extranjeros”.
El caso, que ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, apunta a más que simple negligencia. Habrá que determinar quién firmó, quién permitió, y por qué las alertas no se encendieron a tiempo. ¿Qué otras puertas se están abriendo al extranjero sin control en el Perú?
