Gino Ríos reconoce la resolución del Poder Judicial que separa a Patricia Benavides por 24 meses, pero recuerda que fue apelada. La institución que preside es señalada por reponerla sin registro del debate ni la votación.
El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, afirmó que su institución acatará la resolución judicial que suspende por 24 meses a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación. No obstante, precisó que dicha decisión se encuentra actualmente impugnada.
“Cabe señalar que dicha resolución se encuentra actualmente impugnada, razón por la cual la Junta Nacional de Justicia, en estricto respeto a la independencia de poderes y al principio de legalidad, acata y reconoce lo resuelto por el Poder Judicial dentro del marco de sus competencias constitucionales”, indicó Ríos Patio en un oficio remitido a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el pasado lunes 30 de junio.
Como se recuerda, la JNJ ha sido cuestionada por haber repuesto a Benavides sin dejar constancia audiovisual del debate ni la votación final. Según reveló El Comercio, el acta que formalizó la decisión lleva las firmas de seis miembros del pleno, pero no existe grabación que sustente cómo se llegó a esa conclusión.
La información fue obtenida a través de una solicitud vía Ley de Transparencia. La JNJ respondió que no grabó la sesión en la que se decidió anular la destitución impuesta a Benavides en octubre de 2024, y en la que se dispuso su retorno como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación.
El Poder Judicial ordenó su suspensión como parte de una investigación por presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal agravado. Según el Ministerio Público, Benavides habría usado su cargo para interferir en investigaciones ligadas a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, remover fiscales, favorecer allegados y obstaculizar procesos en su contra.
El 11 de junio, la fiscalía solicitó formalmente su suspensión. Un día después, además, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
