El alcalde de Lima arremete contra la empresa canadiense Brookfield, mientras la justicia de EE.UU. desestima denuncias de corrupción y hunde la defensa legal de la Municipalidad.
Después de una nueva y devastadora derrota judicial en Estados Unidos, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que su gestión “contraatacará” legalmente a la multinacional Brookfield, actual controladora de Rutas de Lima, operadora de los polémicos peajes de Puente Piedra. La decisión llega luego de que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificara dos laudos arbitrales por casi US$200 millones contra la Municipalidad de Lima.
El caso se remonta al contrato de concesión firmado en 2013 bajo la administración de Susana Villarán, a quien se acusa de haber favorecido a Odebrecht y sus socios en medio de un esquema de corrupción. No obstante, la Corte estadounidense desestimó por completo los argumentos de la comuna limeña, asegurando que no hay pruebas suficientes para vincular los presuntos sobornos con el contrato, ni con las adendas firmadas en 2015 y 2016.
López Aliaga sostiene que heredó un proceso casi perdido. “Los laudos, cuando yo llegué como alcalde, ya estaban perdidos”, dijo, al tiempo que responsabilizó a gestiones anteriores por contratar estudios de abogados con conflictos de interés, entre ellos, uno vinculado a la misma Brookfield.
El alcalde ahora intenta cambiar la narrativa con una estrategia paralela: una demanda en EE.UU. que busca probar que Brookfield compró Rutas de Lima sin buena fe, cuando Odebrecht ya estaba involucrada en escándalos de corrupción. “Eso, en cualquier parte del mundo, se llama lavado de activos”, declaró en una entrevista televisiva.
Además, acusó a la Fiscalía peruana y al Poder Judicial de ser cómplices por dilatar ocho años el juicio oral contra Villarán, lo cual, según López Aliaga, ha impedido que las cortes internacionales tomen en serio las acusaciones de corrupción. “Sin sentencia firme, ninguna corte va a darnos la razón”, reconoció.
Mientras tanto, Rutas de Lima celebra su victoria legal y la Municipalidad de Lima enfrenta un posible pago millonario, sin certezas ni respaldo judicial que respalde su cruzada política. Pero el alcalde no da tregua y apunta directamente al corazón del poder económico internacional, prometiendo exponer los documentos de la transacción entre Brookfield y Odebrecht.
La ofensiva legal continúa, pero el tiempo y la justicia —tanto en Perú como en EE.UU.— no parecen estar del lado de la comuna limeña.
