El informe clave omitió revisar los decretos firmados cuando la presidenta estaba en recuperación quirúrgica. La Fiscalía investiga al perito por beneficiar su versión y deja abierta la posibilidad de reabrir el caso.
Graves irregularidades técnicas y omisiones críticas marcan el informe pericial que terminó dejando fuera el delito de falsedad genérica en la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Así lo reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, al advertir que el grafotécnico José Daniel Huapaya Verástegui —encargado del análisis— evitó precisamente los documentos más sensibles del caso, favoreciendo indirectamente a la mandataria.
A Huapaya se le encomendó revisar 91 decretos firmados entre junio y julio de 2023, período en que Boluarte se recuperaba de una operación estética. Sin embargo, solo analizó una fracción, excluyendo fechas clave como el 29 de junio, cuando la mandataria se encontraba médicamente incapacitada.
La Fiscalía de la Nación tenía previsto sustentar con este informe la acusación por abandono de cargo, omisión de funciones y falsedad genérica. Pero el análisis incompleto, entregado con retraso y bajo una cuestionada selección “aleatoria” de documentos, dejó fuera el cargo más grave: la posible suplantación de firma.
Actualmente, el despacho del fiscal Hernán Mendoza evalúa posibles sanciones contra el perito, mientras otra unidad del Ministerio Público investiga si hubo coordinación irregular con el entorno de la presidenta para desactivar el punto más comprometedor del expediente. La posibilidad de una reapertura del caso con nuevos elementos no está descartada.
Peritajes independientes contradicen al oficial
Paralelamente, el cirujano Mario Cabani —también investigado— presentó peritajes privados que sí incluyen los documentos más cuestionados. En uno de ellos, se concluye que la firma de Boluarte en un decreto del Ministerio de Salud no le pertenece. Dicho documento fue suscrito supuestamente en la “Casa de Gobierno”, aunque la mandataria estaba en reposo fuera de Palacio.
Otro informe detectó que una carta de abril, en la que Boluarte entregaba 4.500 dólares a Cabani, también presentaría una firma presuntamente falsificada. Según testimonios recogidos por la Fiscalía, la mandataria no se encontraba en condiciones físicas de firmar en esas fechas.
Para los fiscales, estos nuevos indicios podrían abrir una línea adicional de investigación, reactivando un caso que parecía cerrado tras un peritaje que, más que esclarecer, generó aún más dudas.
