Diversos sectores de la ciudadanía y especialistas en derecho constitucional han advertido que mantener el archivo de la denuncia podría sentar un grave precedente institucional.
La controversia en torno al denominado Caso Rolex, que involucra a la presidenta Dina Boluarte, continúa generando tensión entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y el Ministerio Público. Tras la reciente decisión del Congreso de archivar la denuncia constitucional en su contra, la fiscalía ha salido al frente cuestionando el procedimiento seguido y señalando que este presenta vicios de nulidad.
El Ministerio Público sostiene que el trámite legislativo no garantizó el debido proceso ni la correcta evaluación de los elementos presentados en la investigación fiscal. Por ello, ha solicitado formalmente que el Congreso reconsidere su decisión y reactive el proceso de investigación, permitiendo que los hechos sean esclarecidos de manera transparente y conforme a ley.
Diversos sectores de la ciudadanía y especialistas en derecho constitucional han advertido que mantener el archivo de la denuncia podría sentar un grave precedente institucional, debilitando los mecanismos de control político y afectando la imagen del Congreso frente a la lucha contra la corrupción. Organizaciones civiles han exigido mayor firmeza y coherencia en la actuación de los legisladores, especialmente en casos que involucran a las más altas autoridades del país.
Frente a estos cuestionamientos, la gran pregunta se mantiene en el aire: ¿Puede el Congreso revertir su decisión y reabrir el caso? Expertos explican que, si bien el reglamento del Parlamento no contempla de forma explícita una «reconsideración» tras el archivamiento de una denuncia constitucional, existen salidas políticas y legales –como una nueva denuncia con mayores evidencias– que permitirían reactivar el caso si existiera voluntad política.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue atenta, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y una actuación responsable por parte de sus representantes. La resolución de este caso no solo definirá la situación legal de la presidenta Boluarte, sino que también marcará un hito en la relación entre los poderes del Estado y en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el Perú.
