Persistentes brechas laborales y de accesibilidad impactaron negativamente en la población con discapacidad durante el 2024. Conadis exhorta a las autoridades regionales a promover y garantizar derechos de personas con discapacidad de sus jurisdicciones.
En el 2024, el Conadis intensificó sus labores fiscalizadoras y sancionadoras con el fin de defender y proteger los derechos de las personas con discapacidad en el territorio nacional. Por ello, al cierre de año, el ente rector informó que un total de 14 gobiernos regionales fueron sancionados por graves infracciones a la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973).
Las infracciones van desde el incumplimiento de la cuota laboral de personas con discapacidad, la cual es del 5 % del total de personal en planilla para el sector público; así como por no cumplir con las condiciones mínimas de accesibilidad en sus sedes administrativas, poniendo en riesgo la integridad física de sus usuarios con discapacidad.
Cuota laboral
En lo que respecta al incumplimiento de la cuota laboral, los gobiernos regionales multados fueron: Callao (con 12 UIT, equivalente a S/ 61 800); Pasco (con 15 UIT, equivalente a S/ 77 250); Amazonas (con 12 UIT); Lambayeque (con 12 UIT); Cajamarca (con 15 UIT); Huancavelica (con 15 UIT); Lima Provincias (con 12 UIT); y Áncash (con 15 UIT);
Cabe precisar que, al momento de la fiscalización, los gobiernos regionales en mención acreditaron la contratación de personas con discapacidad, pero por debajo del 5 % exigido por ley, por lo que fueron sancionados con multas de entre 12 a 15 UIT.
Accesibilidad
En tanto, por no contar con las condiciones mínimas de accesibilidad, se encuentran Apurímac (con 11 UIT, equivalente a S/ 56 650); Huánuco (con 11 UIT); Ayacucho (con 11 UIT); Lima Provincias (con 11 UIT); Cusco (con 14 UIT; equivalente a S/ 72 100); Loreto (con 11 UIT); Lambayeque (con 11 UIT) y Tacna (con 11 UIT).
Esta infracción se evidencia en la falta de rampas con pendientes adecuadas, baños accesibles, espacios reservados para personas en sillas de ruedas en las salas de atención; además por la falta de estacionamientos reservados para personas con discapacidad, ausencia de señalética en Braille y de pisos podotáctiles, entre otros.
Es importante precisar que las acciones de fiscalización en estos 14 gobiernos regionales se ejecutaron durante el 2023; no obstante, los procesos administrativos sancionadores se llevaron a cabo entre el 2023 y 2024, respectivamente. Además, las multas interpuestas ya fueron confirmadas en segunda instancia, agotándose así la vía administrativa.
Para conocer el detalle de las sanciones interpuestas en segunda instancia, ingrese a la página www.gob.pe/conadis, en la sección “Normas y documentos legales”.
Para el 2025, el Conadis reafirma su compromiso de continuar impulsando operativos de fiscalización inopinados a nivel nacional, por lo que exhorta a los gobiernos regionales y locales a cumplir con sus obligaciones en materia de discapacidad y a garantizar el irrestricto respeto de los derechos de esta población vulnerable.
