Perú registra alrededor de 5000 matrimonios infantiles en la última década: retrocesos legislativos y falta de presupuesto amenazan la protección de la niñez y adolescencia en Perú

En foro nacional, expertos y adolescentes demandan mayor atención a la infancia por parte de las autoridades.

Más de 50 colectivos y organizaciones se reunieron en el auditorio de la Comunidad Andina, donde se realizó el Foro Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Perú. En ella, se reafirmó el compromiso para transformar las estructuras que no están logrando proteger a la niñez y adolescencia.   Según el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) registra en la última década casi 5,000 matrimonios infantiles, de los cuales el 98,4% de los casos corresponden a uniones entre niñas de 11 a 17 años y hombres adultos.

En ese sentido, los especialistas demandan una revisión urgente y exhaustiva del sistema de protección, así como de la legislación, las políticas y servicios públicos dirigidos a las infancias y adolescencias, con enfoque de interseccionalidad, género e interculturalidad.

“No hay mecanismos de recursos financieros básicos en zonas rurales, para poder atender a estas niñas que viven en lugares muy alejados, por eso las familias desisten a las denuncias de agresión sexual”, Veronique Henry, directora de Plan International y representante de Joining Force For All Children Perú.

Es imperativo identificar y los obstáculos y amenazas al cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos del Niño, como es el caso de la modificación al Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal por delitos graves.

“Las cifras de violencia contra la niñez es preocupante. El presupuesto que se destina en ínfimo, menos del 1%, y 7 de cada 10 niños han sufrido agresión física o psicológica. Estos factores, entre otros, conllevan a situaciones de riesgo y desprotección familiar, vulnerando su derecho a vivir en familia. Se necesita mayor presupuesto de parte del Estado para trabajar con las familias, implementar servicios preventivos y fortalecer la atención especializada” Nancy Martínez, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú y representante del Grupo Impulsor para Poner Fin a la Violencia.

Dentro del foro se propusieron algunas medidas que las próximas autoridades deben impulsar:

  • Fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral, dotándolo de recursos económicos suficientes, personal capacitado, y fortaleciendo la articulación interinstitucional con carácter vinculante, para responder eficazmente a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes.
  • Revisar y enmendar las normativas que afectan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es esencial que estas normativas se alineen con los principios de la Doctrina de la Protección Integral y con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptando medidas legislativas que realmente protejan y promuevan sus derechos fundamentales.
  • Garantizar una inversión pública suficiente y eficiente para la implementación de políticas y programas de protección contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren el uso adecuado de los recursos.
  • Promover la participación de las niñas, niños y adolescentes en la construcción de políticas públicas, creando y/o fortaleciendo instancias de consulta y formación en sus derechos y responsabilidades como ciudadanos.

“Para hacer cambios necesitamos dos consignas: presupuesto y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Solo no podemos, juntos somos fuerza”, comentó Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza.

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