Reportes indican que las cifras llegan a 3 mil 600 toneladas mensuales de cemento ingresado de manera ilegal.
La frontera entre Perú y Bolivia, en la zona de Desaguadero, se ha convertido en escenario de un fenómeno en crecimiento; el contrabando de productos esenciales y de materiales de construcción. Esto luego de la grave crisis económica que atraviesa Bolivia, con una devaluación significativa de su moneda y un desabastecimiento de productos básicos.
El presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno (CCPP), Juan Fredes Pineda, alertó sobre el incremento en el contrabando de alimentos y materiales de construcción, que ingresan de forma irregular desde Bolivia. Las provincias de El Collao, Chucuito – Juli y Yunguyo en Puno registraron un aumento en el ingreso ilegal de cemento, proveniente de las marcas bolivianas Ecebol y Viacha, mediante el método de traslado hormiga, donde pequeñas cantidades de mercancía cruzan la frontera repetidamente para evitar el control.
De acuerdo a los empresarios de la zona, la cantidad de cemento que entra a Perú a través de Desaguadero ha escalado significativamente. En febrero de 2024, se estimaba que 400 toneladas métricas ingresaban mensualmente. Para marzo, el volumen ascendió a 850 toneladas y, actualmente, los reportes indican que las cifras llegan a 3 mil 600 toneladas mensuales, representando aproximadamente 10 millones de soles al mes.
La Cámara de Comercio de Puno solicitó a la Intendencia de Aduanas que establezca un puesto de control en Pomata, un punto estratégico en la provincia de Chucuito, con el fin de frenar el contrabando. Esta petición se fundamenta en la verificación de reportes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), los cuales no registran ningún ingreso formal de este tipo de mercancía en la zona de Desaguadero, evidenciando así la magnitud del comercio ilegal.
Los empresarios locales manifestaron que el impacto negativo de esta actividad no solo se refleja en la pérdida económica, sino también en el perjuicio fiscal, ya que el contrabando implica una evasión de impuestos estimada en más de 15 millones de soles mensuales. La situación mantiene en alerta a los sectores productivos locales, que ven cómo el comercio informal erosiona sus ingresos y pone en riesgo la sostenibilidad de sus actividades.
Por su parte Bolivia adoptó medidas de control en la frontera para intentar frenar el flujo de productos, la decisión del presidente de Bolivia, Luis Arce, fue militarizar los pasos fronterizos. Buscando de esta forma restringir el contrabando en los días de feria, martes y viernes, cuando el flujo de productos es más intenso.
