El titular de Justicia ha calificado al Código Procesal Penal como “fracasado” y “excesivamente garantista”. Especialistas cuestionan su diagnóstico y advierten que una reforma debe partir de un análisis técnico y no solo de la necesidad de acelerar los procesos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, abrió un nuevo frente de debate al plantear una reforma profunda del Código Procesal Penal. El funcionario ha sostenido que la norma es un “código fracasado”, que “no sirve al propósito de la justicia” y que genera procedimientos excesivamente prolongados. También cuestionó que algunas audiencias puedan extenderse durante semanas para resolver decisiones puntuales.
Sus declaraciones generaron críticas entre abogados penalistas, quienes consideran que el diagnóstico del ministro simplifica problemas que no dependen exclusivamente del Código. El cuestionamiento central apunta a que la duración de los procesos también está relacionada con la carga procesal, la capacidad institucional del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como con la complejidad de las investigaciones.
Álvarez ha defendido la necesidad de modificar las reglas para lograr una justicia más rápida y efectiva. En declaraciones posteriores, incluso calificó al Código Procesal Penal de “excesivamente garantista” y sostuvo que su finalidad debería estar vinculada con la seguridad del ciudadano común.
El debate, sin embargo, enfrenta dos prioridades: acelerar la respuesta del Estado frente al delito sin debilitar las garantías del debido proceso. Especialistas sostienen que eliminar controles o reducir garantías no necesariamente se traduce en mejores investigaciones ni en más condenas.
La discusión recién comienza. El Gobierno ya evalúa modificaciones normativas y ha instalado un grupo de trabajo para revisar distintas normas vinculadas con la lucha contra la criminalidad.
