El Gobierno de Daniel Ortega respondió al pronunciamiento de la Cancillería peruana y rechazó sus cuestionamientos a las reformas constitucionales que amplían el mandato presidencial y restringen la participación electoral.
El Gobierno de Nicaragua respondió al pronunciamiento de la Cancillería del Perú sobre las recientes reformas constitucionales aprobadas en primera legislatura y defendió su derecho a decidir sobre sus asuntos internos. En una breve comunicación oficial, Managua sostuvo que “la soberanía de un pueblo no se discute” y cuestionó, a su vez, la legitimidad y unidad de otros países.
La respuesta fue enviada el 3 de septiembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y lleva la firma del canciller Valdrack Jaentschke. El documento señala que la soberanía nacional no puede ser cuestionada por otros Estados y concluye con el mensaje: “Nicaragua triunfa en paz y seguridad”.
Perú cuestionó las reformas constitucionales
La reacción de Managua se produjo luego de que el Gobierno peruano expresara su preocupación por las modificaciones constitucionales impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Cancillería peruana cuestionó especialmente las disposiciones que amplían de cinco a siete años el mandato de las autoridades, incluido el periodo presidencial, así como las restricciones para que determinados ciudadanos puedan participar en elecciones. Lima sostuvo que estos cambios representan un grave retroceso para la institucionalidad democrática de Nicaragua.
El Gobierno peruano también hizo un llamado a la comunidad internacional para activar mecanismos que permitan evitar, según su posición, la consolidación de un sistema político sin condiciones suficientes para elecciones libres, justas y competitivas.
Nicaragua responde con una breve nota
Frente a estas críticas, el Gobierno nicaragüense optó por una respuesta breve y directa. En la comunicación dirigida a la Cancillería peruana, Managua afirmó que recibió la nota de Perú y que su única respuesta era recordar que la soberanía de un pueblo no puede ser objeto de discusión ni cuestionamiento por parte de otros Estados.
La Cancillería nicaragüense agregó que esos países tienen, según su posición, “graves problemas de legitimidad y unidad”, en una referencia directa al cuestionamiento recibido desde Lima.
Una reforma que genera críticas internacionales
La controversia surge después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobara en primera legislatura una nueva reforma constitucional promovida por Ortega.
Entre los cambios planteados se encuentra la ampliación del periodo presidencial a siete años y una disposición que impide participar en cargos de elección popular a personas consideradas “traidores a la patria”.
La reforma todavía requiere una segunda aprobación legislativa para entrar en vigor. Según la información difundida por EFE, Ortega ha señalado que las modificaciones serían aprobadas durante la próxima legislatura, prevista para enero de 2027.
El futuro electoral de Nicaragua, en el centro del debate
Las modificaciones también tienen consecuencias sobre el calendario electoral nicaragüense. El país tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero la ampliación del periodo de las autoridades modificaría ese escenario y trasladaría los comicios a noviembre de 2027.
El tema ha generado preocupación dentro y fuera de Nicaragua debido al impacto que las nuevas disposiciones podrían tener sobre la competencia electoral y la participación de la oposición.
Mientras Perú sostiene que las reformas amenazan el Estado de derecho y las condiciones para elecciones democráticas, Managua defiende las modificaciones como parte de sus decisiones soberanas.
El intercambio entre ambos gobiernos refleja así el creciente choque diplomático en torno al rumbo político de Nicaragua y al papel que deben asumir los países de la región frente a las reformas impulsadas por Ortega y Murillo.
