Renovación Popular presentó una reconsideración para intentar revertir la decisión que impide al exalcalde de Lima volver a ocupar el cargo durante el periodo 2027-2030. Los expertos consultados advierten obstáculos legales y explican qué alternativas podría explorar la agrupación.
El futuro político de Rafael López Aliaga continúa en discusión luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableciera que los exalcaldes que postularon como primeros regidores no podrán volver a asumir una alcaldía durante el siguiente periodo municipal.
Ante esta decisión, Renovación Popular presentó el 10 de noviembre un recurso de reconsideración para solicitar que el pleno del organismo electoral revoque el criterio aprobado mediante la Resolución N.° 4557-2026-JNE. Como alternativa, pidió que la disposición no se aplique a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, sino a futuros procesos electorales.
¿Por qué cuestionan el recurso?
El abogado electoral Fernando Rodríguez Patrón explicó que las resoluciones del pleno del JNE son inimpugnables, de acuerdo con la Constitución. Desde su perspectiva, el pedido de Renovación Popular no tendría sustento ni por razones de forma ni de fondo, pues también considera que permitir el retorno de López Aliaga a la alcaldía entraría en conflicto con la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes.
Por su parte, el abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos señaló que el ordenamiento jurídico no contempla un recurso de reconsideración contra las decisiones del pleno del JNE emitidas en última instancia. Recordó que anteriormente existió un recurso extraordinario para revisar este tipo de resoluciones, pero fue eliminado en enero de 2018.
El tercer especialista consultado, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi Vega, sostuvo que el JNE es la máxima autoridad en materia electoral y que su decisión establece el criterio que deberá aplicarse en estos casos.
¿Puede acudir al Poder Judicial?
Otra alternativa que podría explorar Renovación Popular es presentar una demanda de amparo. Sin embargo, esta vía tiene condiciones específicas: según explicó Rodríguez Patrón, el proceso constitucional solo puede proceder si se acredita la vulneración de derechos fundamentales.
El especialista recordó el caso Lizana Puelles, resuelto por el Tribunal Constitucional en 2005, que estableció que las decisiones del JNE no están completamente fuera del control constitucional. No obstante, precisó que ello no significa que cualquier desacuerdo con una resolución electoral pueda ser revisado judicialmente.
Villalobos también advirtió que una eventual demanda tendría que superar los requisitos legales para ser admitida y evaluada.
Un proceso que podría extenderse más allá del periodo municipal
Rospigliosi estimó que una eventual demanda de amparo podría llegar a una audiencia y sentencia de primera instancia hacia fines de 2027. Si el caso continúa en una segunda instancia y posteriormente llega al Tribunal Constitucional, la resolución definitiva podría producirse cuando el periodo municipal 2027-2030 ya esté avanzado o incluso haya concluido.
Los especialistas también mencionaron la posibilidad de solicitar una medida cautelar, aunque su eventual concesión no está garantizada y podría generar nuevas controversias sobre las competencias del Poder Judicial y del organismo electoral.
Además, el 13 de noviembre el organismo precisó que las nuevas proclamaciones realizadas por los Jurados Electorales Especiales en cumplimiento de sus disposiciones son inapelables.
