La Fiscalía archivó extremos de la investigación y concluyó que no existe mérito suficiente para presentar denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación y otros implicados.
El Ministerio Público dispuso no formular denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, en el marco del denominado caso Valkiria, una de las investigaciones más mediáticas y complejas relacionadas con presuntos actos de corrupción dentro del sistema de justicia peruano.
La decisión fue emitida mediante la Disposición Fiscal N.° 88, correspondiente a la carpeta fiscal 1228-2023 y fechada el 11 de mayo de 2026. Según el documento, la Fiscalía concluyó que no existen elementos suficientes para sustentar una acusación por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico.
La investigación preliminar había sido iniciada el 8 de enero de 2024 e incluía supuestas coordinaciones para influir en decisiones institucionales y parlamentarias, hechos que generaron una fuerte controversia política y judicial en el país.
En los antecedentes del caso, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos investigó a Benavides por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad ideológica, encubrimiento personal y cohecho, entre otros vinculados al ejercicio de funciones públicas.
La resolución también alcanzó a otros personajes políticos. El Ministerio Público determinó no formular denuncia constitucional contra la excongresista Patricia Chirinos y el exparlamentario Alejandro Soto, quienes eran investigados por presuntos actos de cohecho pasivo propio y cohecho activo específico.
Asimismo, la Fiscalía dispuso archivar los extremos de investigación relacionados con Martha Moyano Delgado y Guillermo Thornberry Villarán, al considerar que no se hallaron elementos suficientes para continuar con el proceso por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
El caso Valkiria V se originó tras una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú, que buscaba desarticular una presunta red de corrupción enquistada en altas esferas del Ministerio Público. Según la tesis fiscal inicial, existirían coordinaciones para evitar la destitución de Patricia Benavides y favorecer el archivamiento de investigaciones contra congresistas.
Uno de los elementos más difundidos del caso fueron los chats atribuidos al exasesor Jaime Villanueva, quien habría revelado supuestas gestiones políticas vinculadas a la elección del defensor del Pueblo y decisiones relacionadas con la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Durante las diligencias, las autoridades realizaron allanamientos en diversos inmuebles de Lima y ordenaron la detención preliminar de Villanueva, en una investigación que marcó una profunda crisis institucional dentro del Ministerio Público.
Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles apelaciones o nuevas acciones respecto a esta disposición fiscal.
