El sector de transporte público atraviesa una crisis silenciosa: cada vez menos conductores desean trabajar en las empresas de transporte urbano, y una de las principales razones es el avance de la extorsión y la inseguridad.
De acuerdo con fuentes del sector, en los últimos meses se ha registrado una fuga preocupante de choferes, quienes optan por dejar sus puestos ante el temor de ser víctimas de amenazas, cobros ilegales o atentados vinculados al crimen organizado.
“Muchos conductores prefieren dedicarse a otros rubros, incluso informales, antes que arriesgar su vida frente a mafias que operan con total impunidad”, reveló un representante de una de las asociaciones de transporte más grandes de Lima.
El problema no solo afecta a los choferes, sino también a los usuarios: con menos personal disponible, las frecuencias de los buses se reducen, aumentando la congestión y el tiempo de espera en paraderos.
Empresarios del transporte han solicitado al Gobierno y al Ministerio del Interior acciones urgentes para frenar la ola de extorsiones, advirtiendo que, de no hacerlo, el sistema de transporte público podría colapsar en zonas críticas de la capital.
