Investigaciones periodísticas y de la Contraloría revelan un patrón de ingresos y ascensos en la Defensoría del Pueblo vinculados a reuniones con el titular de la institución. Se cuestiona la acreditación de requisitos y la transparencia en los procesos internos.
La Defensoría del Pueblo, dirigida por Josué Gutiérrez Cóndor, enfrenta serios cuestionamientos tras revelarse presuntas irregularidades en contrataciones y ascensos de personal. Informes de la Contraloría General de la República y reportajes de Cuarto Poder evidencian un patrón: personas que visitaron el despacho del defensor obtuvieron posteriormente órdenes de servicio, contratos bajo el régimen CAS y ascensos a cargos de confianza.
Uno de los casos más notorios es el de Lucía Yalán Cano, quien se reunió con Gutiérrez en junio de 2024. Pese a no tener experiencia previa en el Estado, semanas después consiguió su Registro Nacional de Proveedores (RNP) y recibió cinco órdenes de servicio consecutivas, antes de incorporarse como asistente administrativa.
Otro caso corresponde a Betbiary Mariel Díaz Coral, designada como jefa del Programa del Derecho a la Salud en julio de 2024 sin acreditar los cuatro años de experiencia específica exigidos. La Contraloría detectó que se validaron documentos que apenas sustentaban días de trabajo, inflando irregularmente su historial profesional.
Asimismo, se identificaron modificaciones en registros de tiempo de servicio desde la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, con el fin de ajustar perfiles a requisitos mínimos. Expertos en contratación pública advierten que estas prácticas vulneran la transparencia y el principio de mérito en el acceso a la función pública.
Las revelaciones han generado un fuerte debate político y jurídico sobre la legitimidad de la gestión de Gutiérrez y el rol de la Defensoría como garante de derechos. El caso se encuentra en investigación y podría derivar en sanciones administrativas y responsabilidades penales para los implicados.
