La denuncia solicita que el senador de Fuerza Popular sea suspendido e inhabilitado hasta por 10 años. Los firmantes cuestionan sus acciones ante la Junta Nacional de Justicia contra magistrados que resolvieron casos vinculados con violaciones de derechos humanos.
La senadora Mirtha Vásquez, la diputada Indira Huilca, ambas de Ahora Nación, y el senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, presentaron una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Los denunciantes sostienen que el legislador habría vulnerado principios constitucionales relacionados con la separación de poderes y la independencia judicial mediante denuncias disciplinarias contra jueces y fiscales, así como declaraciones públicas dirigidas al sistema de justicia.
Cuestionan denuncias contra magistrados
Según el documento presentado, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, Rospigliosi impulsó acciones ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra al menos siete magistrados. Los firmantes señalan que estas medidas estuvieron relacionadas con decisiones judiciales que inaplicaron normas sobre prescripción de delitos de lesa humanidad.
Entre los casos mencionados figuran las acciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el magistrado Jorge Luis Chávez Tamariz, además de cuestionamientos dirigidos a otros jueces y fiscales que participaron en procesos vinculados con violaciones de derechos humanos.
Los denunciantes argumentan que recurrir a procedimientos disciplinarios por el contenido de determinadas resoluciones judiciales podría afectar la independencia de los magistrados y el ejercicio de sus funciones.
¿Qué solicitan los parlamentarios?
La denuncia pide que el procedimiento sea admitido a trámite y que se investiguen los hechos expuestos. Asimismo, plantea que, si se acreditan las infracciones atribuidas, se disponga la suspensión de Rospigliosi y su inhabilitación para ejercer la función pública por un periodo de hasta 10 años.
Como sustento, los firmantes citan disposiciones de la Constitución referidas a la separación de poderes, la función jurisdiccional y la independencia de los jueces.
La presentación de la denuncia no implica que las infracciones estén acreditadas ni que se haya impuesto una sanción. El caso deberá ser evaluado por las instancias parlamentarias correspondientes, conforme al procedimiento establecido.
