Además de las condenas de prisión, el tribunal dispuso que Pedro Castillo, Aníbal Torres Vásquez, Willy Huerta Olivas (y la ex primera ministra Betssy Chávez) afronten una reparación civil solidaria de 12 millones de soles por daño al Estado tras el intento de desestabilizar el orden democrático en diciembre de 2022.
El fallo judicial emitido en el marco del proceso por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 incluyó una condena económica al grupo de exfuncionarios implicados. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que, además de las penas de prisión por conspiración o rebelión, los sentenciados deben asumir una reparación civil de S/ 12 millones —monto solidario que deberá ser cubierto conjuntamente por Pedro Castillo, Aníbal Torres, Willy Huerta y Betssy Chávez.
Esta compensación busca resarcir el daño extrapatrimonial ocasionado al Estado tras los actos que atentaron contra la institucionalidad democrática. El tribunal consideró que la magnitud del intento de disolución del Congreso, la pretensión de instaurar un gobierno de excepción y la alteración del orden constitucional generaron consecuencias graves para la estabilidad institucional, justificando la reparación.
La reparación civil no reemplaza la sanción penal, sino que la complementa: los responsables deberán responder tanto en lo criminal como en lo patrimonial. El fallo busca sentar un precedente respecto al peso de las consecuencias del quiebre institucional, advirtiendo que el daño al Estado no solo se mide en años de cárcel, sino también en compensaciones económicas.
