La lucha contra el crimen organizado expone cada vez más a los representantes del Ministerio Público. El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, informó que alrededor de 25 fiscales fueron víctimas de amenazas o extorsión durante 2025.
La situación volvió a generar preocupación tras la reciente amenaza contra el fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, integrante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste. El magistrado recibió mensajes intimidatorios en los que se hacía referencia a sus movimientos y a información relacionada con uno de sus familiares.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las amenazas estarían vinculadas con investigaciones contra presuntos integrantes de organizaciones criminales y se produjeron después de que Guffanti participara en un proceso que terminó con 26 meses de prisión preventiva para un investigado por el robo de lingotes de oro en la Costa Verde.
Ante el riesgo, se solicitó protección policial para el fiscal en su domicilio y centro de labores. Sin embargo, la Fiscalía ha advertido que los despachos del subsistema especializado contra la criminalidad organizada no cuentan con resguardo policial permanente.
Chávez Cotrina explicó que, ante la falta de personal y recursos suficientes para brindar seguridad a todos los fiscales amenazados, algunos magistrados han tenido que adoptar medidas personales de autoprotección, como modificar sus rutas y desplazamientos cotidianos.
El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, expresó su respaldo institucional a Guffanti Parra y aseguró que las amenazas no deben detener las investigaciones contra las organizaciones criminales. Señaló que cualquier intimidación contra un fiscal representa también una amenaza contra la institución del Ministerio Público.
La situación evidencia el nivel de riesgo que enfrentan los fiscales encargados de investigar delitos de alta peligrosidad. Las autoridades han solicitado que se adopten medidas de seguridad para proteger su integridad y evitar que las amenazas interfieran con las investigaciones en curso.
El Ministerio Público sostiene que sus fiscales continuarán desarrollando sus funciones frente a las organizaciones criminales, pese a las intimidaciones y al riesgo que estas investigaciones representan.
