“Ya no estamos ante un gobierno de transición; hoy se necesitan decisiones y cambios concretos” señala André Sota, abogado especializado en derecho penal ambiental y minero, y vocero técnico de CONADEMI
El futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) vuelve a estar en el centro del debate. A cuatro meses de que venza su vigencia, el propio Gobierno reconoce que el modelo actual de formalización enfrenta serias limitaciones y prepara una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Al mismo tiempo, se evalúa una eventual continuidad para quienes ya presentan avances concretos en su proceso de formalización.
Para el abogado André Sota Sánchez, abogado especializado en derecho penal ambiental y minero, y vocero técnico del Consejo Nacional de Minería (CONADEMI) el debate no debería reducirse a mantener o eliminar el REINFO, sino a definir una ruta clara para quienes avanzan hacia la formalización y establecer controles que eviten prolongar situaciones de informalidad.
“Cerrar el REINFO sin tener una alternativa clara puede dejar en el aire a miles de mineros que sí están intentando formalizarse. Pero mantenerlo indefinidamente tampoco resuelve el problema. El Estado tiene que actuar ahora y definir una ruta de salida que permita distinguir a quienes realmente buscan ingresar a la legalidad de quienes no han avanzado en el proceso”, sostiene Sota.
Un proceso que aún no logra resultados
Las cifras muestran la magnitud del desafío. Según información del Ministerio de Energía y Minas recogida por el Banco Central de Reserva, al 20 de abril de 2026 había 31,610 inscritos en el REINFO, mientras que entre 2014 y 2025 solo 2,295 mineros habían culminado su formalización. El dato evidencia que mantener un registro abierto no garantiza, por sí mismo, que más mineros lleguen a la legalidad.
Asimismo, la discusión adquiere mayor relevancia ante la preparación de una nueva Ley MAPE. El Ejecutivo ha planteado este nuevo marco como una alternativa para mejorar el proceso de formalización, por lo que uno de los principales desafíos será definir la transición para quienes ya forman parte del REINFO y establecer criterios claros para determinar quiénes podrán continuar en el proceso.
“Recientemente el propio Gobierno reconoció que el modelo actual no funciona, por ello no podemos esperar hasta diciembre para recién decidir qué hacer. La nueva regulación debe estar acompañada de reglas claras para quienes están en proceso, pero también de controles efectivos y una fecha real de cierre. Ya no estamos ante un gobierno de transición; hoy se necesitan decisiones y cambios concretos”, explica Sota.
El otro desafío: minería ilegal y crimen organizado
La discusión sobre el futuro del REINFO no termina en la formalización. También plantea un desafío de seguridad, porque la minería ilegal está vinculada a distintas economías ilícitas y, en algunos casos, a estructuras relacionadas con el crimen organizado. Por ello, cualquier nuevo mecanismo de formalización debe permitir al Estado diferenciar con claridad a quienes avanzan hacia la legalidad de quienes operan al margen de ella.
En esa línea, Sota considera que la política minera no puede avanzar desconectada de la lucha contra el crimen organizado. La formalización y la lucha contra la minería ilegal no son objetivos contradictorios: un proceso adecuado debe permitir al Estado identificar quién está dentro de la legalidad, quién avanza hacia ella y quién opera al margen de la ley, evitando que un mecanismo transitorio termine prolongando la informalidad o generando espacios para actividades vinculadas al crimen organizado.
El reto para los próximos meses será convertir ese principio en una ruta concreta: garantizar que los mineros que realmente buscan formalizarse puedan avanzar y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de trazabilidad y fiscalización para cerrar espacios a la minería ilegal y otras economías ilícitas.
Desde el sector, CONADEMI ha resaltado la importancia de contar con un proceso que permita avanzar hacia la formalización efectiva, sin generar nuevos espacios para la informalidad
