El banco desembolsó $3.190 millones para cumplir una sentencia vinculada a una asignación de estímulo establecida en un contrato colectivo. El conflicto atravesó tribunales laborales, la Corte de Apelaciones y el Tribunal Constitucional.
Uno de los litigios laborales más prolongados del sector bancario chileno llegó a su fin luego de que Scotiabank concretara el pago de $3.190 millones a extrabajadores del extinto Banco del Desarrollo (BDD), poniendo término a una disputa judicial que se extendió durante 17 años.
El conflicto se originó tras la absorción del Banco del Desarrollo por parte de Scotiabank en 2009. Según los antecedentes del caso, la entidad dejó de pagar una “asignación de estímulo” contemplada en el contrato colectivo que regía para los trabajadores provenientes del BDD. El sindicato de trabajadores de Scotiabank exBDD, encabezado por Gloria Soto, impulsó la demanda para exigir el cumplimiento de esa obligación.
El proceso judicial atravesó distintas instancias, incluidos tribunales laborales y de cobranza, la Corte de Apelaciones y el Tribunal Constitucional. En 2023, una sentencia confirmó que correspondía el pago de la asignación adeudada.
Aunque Scotiabank depositó el monto determinado judicialmente en noviembre de 2024, la distribución entre los beneficiarios se inició recién en julio de 2026, después de nuevas gestiones realizadas por el sindicato respecto del monto y la incorporación de intereses.
El pago finalmente se efectuó sin intereses y beneficia a cientos de extrabajadores. El paso de los años, sin embargo, generó dificultades adicionales: algunos de los aproximadamente 650 socios vinculados al proceso fallecieron o no pudieron ser ubicados, por lo que actualmente también se busca contactar a sus herederos para concretar la entrega de los recursos.
Desde Scotiabank señalaron que el proceso concluyó luego de determinarse judicialmente el monto correspondiente a cada trabajador y que el banco cumplió con el depósito ordenado.
Para el abogado Claudio Fuentes, representante del sindicato, el caso constituye un precedente relevante para el derecho laboral chileno y demuestra la importancia de mantener las obligaciones contractuales pese al extenso recorrido judicial.
