ONPE comienza destrucción de 431 toneladas de cédulas de sufragio

Por primera vez en la historia electoral del país, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la eliminación total y pública de las cédulas de votación de los comicios generales y la segunda vuelta presidencial de 2026. El operativo, supervisado por autoridades y representantes políticos, busca reforzar la confianza ciudadana en el sistema democrático.

El sábado 29 de agosto, la ONPE dio inicio en Ventanilla, Callao, a la destrucción de aproximadamente 431 mil kilos de material electoral, equivalentes a las cédulas de sufragio utilizadas en las Elecciones Generales 2026 y la Segunda Elección Presidencial. El procedimiento, encabezado por el jefe interino Bernardo Pachas Serrano, se desarrolla en las instalaciones de la empresa ELM Global Company S.A.C., bajo estrictos protocolos de seguridad y trazabilidad.

La operación contempla todas las etapas: acopio, traslado desde los almacenes de Lurín, recepción, almacenamiento temporal y trituración mecánica de las cédulas hasta convertirlas en fragmentos irrecuperables. Este método asegura que los documentos no puedan ser reconstruidos ni reutilizados. La actividad cuenta con la presencia permanente de representantes del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y con la invitación a los personeros de las organizaciones políticas que participaron en los comicios.

El proceso tiene un plazo máximo de seis días calendario y concluirá con la emisión de un Certificado de Destrucción, documento que acreditará la eliminación total e irreversible del material. Además, la disposición final de los residuos se realizará conforme a la normativa ambiental vigente.

Este acto responde al mandato de la Ley Orgánica de Elecciones (N.º 26859, modificada por la Ley N.º 32299), que exige la destrucción pública de las cédulas una vez proclamados los resultados oficiales. La medida constituye un precedente histórico en la gestión electoral peruana, reforzando la transparencia institucional y la seguridad jurídica del proceso democrático.

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