La reciente aprobación de la Ley N.° 32351, que regula el uso de muestras genéticas para la investigación y sanción de delitos, ha reabierto el debate sobre los límites legales y constitucionales en el uso de información biológica sensible dentro de los procesos penales. La norma busca fortalecer las herramientas de investigación criminal mediante la utilización de pruebas de ADN; sin embargo, también ha generado cuestionamientos relacionados con la privacidad, la protección de datos y el riesgo de posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
En ese contexto, el abogado penalista José Arturo Matos señala que, el crecimiento de las tecnologías forenses exige una actualización de la normativa penal y procesal para evitar vacíos legales que podrían derivar en vulneraciones de derechos fundamentales.
“El ADN puede convertirse en una de las pruebas más contundentes dentro de un proceso penal, pero justamente por su enorme peso probatorio debe existir un control estricto sobre cómo se obtiene, conserva y utiliza”, sostiene Matos.
Uno de los principales puntos de preocupación se encuentra en la cadena de custodia de las muestras genéticas, ya que cualquier alteración, contaminación o manejo inadecuado podría afectar la validez de la prueba y comprometer el debido proceso.
Además, el debate jurídico ya no solo se centra en el uso del ADN como evidencia, sino también en los nuevos riesgos vinculados a la información genética y su posible utilización indebida.
“La legislación penal debe avanzar al mismo ritmo que la tecnología. Hoy no solo hablamos del valor probatorio del ADN, sino también de nuevos riesgos vinculados a la comercialización ilegal de datos genéticos, la alteración de perfiles genéticos y el uso indebido de información biológica sensible. El Estado necesita incorporar nuevos tipos penales y mecanismos de control que protejan tanto la investigación criminal como los derechos fundamentales de las personas”, afirma Matos.
Finalmente, advierte que el país necesita fortalecer los protocolos de cadena de custodia, implementar mayores controles sobre laboratorios forenses y regular de manera más específica el acceso, almacenamiento y uso de bases de datos genéticas, buscando mantener un equilibrio entre la eficacia de la investigación penal y el respeto de las garantías constitucionales
