Por Mari Alarcón Riveros, Directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)
Octubre nos invita a mirar la vejez y a su vez a preguntarnos qué sociedad estamos construyendo para quienes hoy son personas mayores y para quienes lo seremos mañana. El 1 de octubre, establecido por Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas de Edad, no debiera ser solamente una fecha de reconocimiento, sino una oportunidad para reafirmar que envejecer es un derecho y que las personas mayores son sujetos de derechos, protagonistas y actores sociales.
Este desafío cuenta con un marco internacional fundamental: la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile en 2017. La Convención establece principios como la dignidad, autonomía, independencia, igualdad, no discriminación, participación e inclusión, y reconoce expresamente la prohibición de la discriminación por edad en la vejez.
En Chile, este compromiso adquiere una nueva dimensión con la Ley N.º 21.822, Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, publicada en junio de 2026 y cuya vigencia comenzará el 1 de junio de 2027. La normativa establece un marco integral para proteger y garantizar los derechos de las personas mayores, incorporando ámbitos como autonomía, salud, participación, educación, trabajo, conectividad, acceso a la justicia y una vida libre de violencia.
Este Mes de las Personas Mayores debiera interpelarnos: ¿estamos preparados para transformar estos principios en prácticas cotidianas? El reto no corresponde únicamente al Estado, involucra a las familias, comunidades, instituciones educativas, servicios de salud, municipios, medios de comunicación y a cada uno de nosotros.
Reconocer derechos implica abandonar el edadismo (discriminación por edad), escuchar las voces de las personas mayores y garantizar que puedan decidir, participar y vivir con dignidad.
Para el sistema sanitario, el desafío es concreto: dejar de mirar la vejez únicamente desde la enfermedad y comenzar a mirar a la persona mayor desde sus derechos. Implica enfrentar el edadismo, evitar el paternalismo, adaptar la comunicación, favorecer la autonomía y fortalecer una atención primaria centrada en la persona.
Una sociedad que protege los derechos en la vejez no solo cuida a sus personas mayores: construye mejores condiciones para todas las edades.
