Por Antonio Álvarez Silva
El pasado 5 de octubre, apenas un día después de que los peruanos acudieran a las urnas, publiqué en las páginas de Diario UNO una advertencia que el tiempo y la autoridad electoral se han encargado de confirmar. Señalé en aquel momento que la deliberada ambigüedad y la calculada estrategia dilatoria del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) trasladarían peligrosamente la definición de las alcaldías desde la voluntad popular hacia los despachos administrativos. Hoy, tras la reciente resolución del Pleno del JNE que impide asumir la alcaldía a los primeros regidores que fueron alcaldes en el periodo 2023-2026, asistimos a la consumación de aquel diagnóstico: el quiebre de la predictibilidad jurídica en el país.
Días antes de este fallo de cierre, advertí en el programa televisivo Combutters sobre la anarquía jurisdiccional que ya se vivía en primera instancia. A nivel nacional, los Jurados Electorales Especiales (JEE) venían emitiendo pronunciamientos disímiles y contradictorios: mientras en el oriente jurados como los de Bagua y Moyobamba proclamaban alcaldes a los primeros regidores aplicando la sucesión automática de ley, en Ica se optaba por bloquear al primero de la lista bajo la tesis del «fraude a la ley». Este caos obligó al Pleno del JNE a realizar revisiones de oficio de las actas de proclamación para imponer, fuera de tiempo, una regla unificada.
Sin embargo, el remedio ha resultado tan lesivo para la institucionalidad como la enfermedad misma. La propia resolución del JNE revela la magnitud del descalabro: 153 alcaldes salientes postularon como primeros regidores y, en 76 circunscripciones, las listas compitieron en la jornada del 4 de octubre sin candidato hábil a la alcaldía. Modificar el destino de estas elecciones en plena fase de proclamación ha desatado el rechazo transversal de diversos actores políticos. Candidatos como Carlos Bruce han cuestionado con firmeza la extemporaneidad de la medida, señalando que el JNE permitió la inscripción y participación de estos postulantes para recién prohibirles asumir el cargo cuando los ciudadanos ya habían emitido su voto. A este reclamo se han sumado voces como las de Luis Galarreta y Francis Allison, quienes coinciden en que cualquier regla de juego debió fijarse antes de la contienda.
El cuestionamiento es inobjetable. El proceso electoral se rige por el principio de preclusión: las etapas se cierran de forma definitiva. Durante la fase de inscripción, tachas y exclusiones, el JNE tuvo la oportunidad procesal para apartar estas candidaturas si las consideraba inconstitucionales. No solo no lo hizo, sino que su propio presidente, Roberto Burneo, llegó a declarar en septiembre que en el Perú no existía ninguna modalidad de «reelección encubierta». Incluso, en la reciente resolución, el magistrado Gunther Gonzales admite en su fundamento de voto que el filtro debió aplicarse en la postulación, pero que al haberse omitido, correspondía negarles hoy la credencial bajo la premisa de que «lo que empieza mal, no puede terminar bien». Es decir, el tribunal traslada el costo de su propia omisión al ciudadano que acudió de buena fe a votar por una lista validada por el propio sistema.
Resulta imperativo, por ello, precisar mi posición dogmática. Defender en su momento la entrega de credenciales conforme al orden de prelación jamás significó avalar una maniobra para «sacarle la vuelta» a la Constitución. Se trató, por el contrario, de sostener una interpretación estrictamente exegética de los derechos fundamentales y del artículo 194 de la Carta Magna. Para justificar su fallo, la mayoría del Pleno ha forzado el concepto de «primer regidor hábil» de la Ley Orgánica de Municipalidades, creando una inhabilitación sobrevenida donde la ley guarda silencio.
Tan sólida y rigurosa fue la postura que sostuve el 5 de octubre, que el propio Pleno del JNE se partió en dos al resolver esta controversia. Los magistrados Martha Maisch y Aarón Oyarce votaron en contra de bloquear a los primeros regidores, dejando sentado en su voto en minoría que «no es facultad del juez electoral crear límites donde el texto constitucional no ha precisado una prohibición» y que «toda limitación debe ser expresa y su delimitación corresponde al legislador». En derecho constitucional, las restricciones al sufragio pasivo son taxativas; el juez no puede usurpar funciones parlamentarias apelando al «espíritu de la norma» para enmendar la plana al Congreso en medio del escrutinio.
Lo que ha hecho la mayoría del JNE es recurrir a un peligroso activismo jurisprudencial para parchar la negligencia legislativa, sacrificando la certeza procesal para evitar el costo mediático de las llamadas postulaciones cruzadas.
De cara al futuro, este episodio nos deja una tarea impostergable. El Parlamento tiene la obligación ineludible de corregir este desorden normativo antes del próximo ciclo electoral. La realidad política demuestra que prohibir a rajatabla la continuidad administrativa solo incentiva la búsqueda de atajos legales y fomenta el caudillismo informal. El Congreso debe sincerar el sistema promoviendo una reforma constitucional que restituya la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales por un único periodo consecutivo, estableciendo al mismo tiempo los candados expresos, presupuestales y electorales que impidan cualquier distorsión en las listas de regidores. Solo legislando con rigor técnico evitaremos que la voluntad de las urnas vuelva a quedar a merced de los titubeos de último minuto de la justicia electoral.
