El TC declaró un “estado de cosas inconstitucional” por la insuficiente fiscalización de plaguicidas en Perú. Los productos suspendidos se vendían libremente en mercados, sin receta profesional, lo que generó preocupación en consumidores y especialistas.
El reciente fallo del Tribunal Constitucional reveló una situación alarmante: plaguicidas prohibidos por su toxicidad se vendían libremente en mercados y tiendas agrícolas, sin necesidad de receta ni supervisión técnica. Entre las sustancias suspendidas figuran el clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clotianidina, todas vinculadas a daños en la salud humana y al medio ambiente.
La sentencia declaró un “estado de cosas inconstitucional”, señalando que el Estado no garantizaba la inocuidad alimentaria ni la protección de los consumidores. Estudios previos habían detectado que hasta el 40 % de las muestras de alimentos vegetales contenían residuos por encima de los límites permitidos, y en productos como ají amarillo o tomate, más del 50 % no eran aptos para consumo humano.
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) advirtió que la venta de estos insumos se realizaba sin control técnico, lo que permitía que agricultores los adquirieran sin diagnóstico profesional. Por ello, planteó que la compra de plaguicidas requiera una receta emitida por un ingeniero agrónomo, tras identificar la plaga y definir un plan de manejo seguro.
El Senasa tiene ahora el reto de reevaluar las sustancias en un plazo de 90 días y diseñar un plan interinstitucional de control en 180 días. La medida busca fortalecer la trazabilidad de los productos agrícolas y reducir los riesgos de intoxicación y contaminación ambiental.
La emergencia expone la necesidad de un cambio estructural en la regulación de plaguicidas en Perú: pasar de un mercado descontrolado a un sistema supervisado que priorice la salud pública y la seguridad alimentaria.
