La Cámara de Comercio de Lima solicitó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que resguarden la identidad de los agentes y eviten divulgar información policial reservada. El gremio considera que el requerimiento de la diputada podría generar un conflicto de interés por su vínculo familiar con el exmandatario.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) pidió al Ministerio del Interior (Mininter) y a la Policía Nacional del Perú (PNP) proteger la identidad y la seguridad de los efectivos que participaron en la detención del expresidente Pedro Castillo, ocurrida el 7 de diciembre de 2022.
El pronunciamiento del gremio empresarial se produjo luego de que la diputada de Juntos por el Perú, Yenifer Paredes Navarro, solicitara información documentada sobre el operativo policial, incluida la identificación de los agentes que intervinieron en la captura del exmandatario.
A través de un comunicado, la CCL cuestionó el requerimiento parlamentario y advirtió sobre un posible conflicto de interés, debido a que Paredes es cuñada de Castillo y se encuentra comprendida en el proceso penal del denominado caso Anguía, relacionado con una presunta organización criminal investigada por el Ministerio Público.
¿Qué información solicitó Yenifer Paredes?
Mediante un oficio dirigido al ministro del Interior, César Astudillo, la parlamentaria pidió un informe detallado sobre las acciones policiales realizadas durante la detención de Castillo y su posterior traslado e internamiento en el establecimiento penitenciario de Barbadillo.
Entre los documentos requeridos figuran el plan de operaciones ejecutado por la Subunidad de Acciones Tácticas (SOAT), la orden de captura, el acta de intervención policial y el acta de detención. También solicitó información sobre las órdenes de traslado aéreo y de internamiento del expresidente.
Uno de los puntos del requerimiento comprende la identificación de las unidades policiales y de los efectivos de la SOAT, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), Seguridad del Estado y otras dependencias que participaron en el operativo. Asimismo, pidió detalles sobre el origen y la descripción del armamento utilizado.
Paredes sustentó su solicitud en las atribuciones parlamentarias para requerir información a los ministros. El documento fue remitido por el Ministerio del Interior a la Comandancia General de la Policía Nacional para que evalúe lo solicitado y emita un informe documentado en un plazo máximo de cinco días hábiles.
CCL advierte sobre posibles presiones y represalias
La Cámara de Comercio de Lima sostuvo que las facultades de fiscalización y solicitud de información de los parlamentarios deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las normas que protegen determinados datos policiales.
El gremio señaló que la divulgación de las identidades de los agentes podría exponerlos a eventuales presiones o represalias por su participación en la detención del exmandatario.
“Fiscalizar no es amedrentar. El Congreso está para defender los intereses del país, no para utilizar sus facultades en beneficio de causas familiares”, expresó la institución en su pronunciamiento.
En ese sentido, pidió al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que no entreguen información legalmente protegida ni revelen la identidad de los efectivos cuando su seguridad pueda verse comprometida.
Piden intervención de la Comisión de Ética
Además de solicitar medidas de protección para los agentes, la CCL pidió a la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados evaluar e investigar de oficio el requerimiento de Yenifer Paredes, con el propósito de determinar si existió un uso indebido de las atribuciones parlamentarias.
El gremio también convocó a las bancadas a respaldar la institucionalidad y evitar que las prerrogativas del Congreso sean utilizadas para atender intereses particulares.
El pronunciamiento se produce mientras Pedro Castillo cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, cuya sentencia se encuentra en etapa de apelación.
Finalmente, la CCL reiteró que la función parlamentaria debe responder al interés público y respetar la independencia de las instituciones del Estado. “La autoridad se ejerce para servir al país, no para defender a la familia”, concluyó.
