Por José Matos, abogado penalista
La reciente implementación del Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos y la puesta en funcionamiento del nuevo laboratorio de ADN de la Policía Nacional constituyen un paso importante en la modernización de la investigación criminal en el Perú. En un contexto marcado por el incremento de delitos graves como la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, resulta necesario que el Estado cuente con herramientas tecnológicas y científicas que le permitan mejorar su capacidad de identificación y persecución de los responsables.
La evidencia genética ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces dentro de los sistemas modernos de justicia penal. En diversos países, las pruebas de ADN han permitido esclarecer delitos complejos, vincular a los autores con escenas del crimen e incluso corregir errores judiciales al demostrar la inocencia de personas que habían sido procesadas o condenadas injustamente. Su principal fortaleza radica en el alto nivel de certeza que puede aportar dentro de una investigación.
Por ello, la creación de un banco nacional de perfiles genéticos representa una oportunidad para fortalecer las capacidades del sistema de justicia y reducir los niveles de impunidad que afectan al país. La posibilidad de contrastar indicios biológicos hallados en una escena del crimen con perfiles almacenados en una base de datos puede agilizar investigaciones y aportar información valiosa para las autoridades.
Sin embargo, el avance tecnológico también plantea importantes desafíos jurídicos. La lucha contra la delincuencia no puede desarrollarse al margen de los derechos fundamentales ni de los principios que sustentan un Estado constitucional de derecho.
La Ley N.° 32595 establece que las personas investigadas o imputadas por la presunta comisión de un delito, así como aquellas privadas de libertad, deberán someterse obligatoriamente a la toma de muestras para la obtención de su perfil genético. Desde la perspectiva de la política criminal, la medida busca fortalecer las investigaciones y ampliar las herramientas de identificación. No obstante, su aplicación exige especial cuidado debido a la naturaleza de la información que será recopilada y almacenada.
A diferencia de otros mecanismos de identificación, el ADN contiene información biológica única y altamente sensible. Por ello, su tratamiento requiere estándares de protección mucho más rigurosos. El acceso, almacenamiento, utilización y eventual eliminación de estos datos deben estar claramente regulados para evitar usos indebidos, filtraciones o vulneraciones al derecho a la privacidad.
Asimismo, es importante recordar que una persona investigada no es necesariamente una persona culpable. El principio de presunción de inocencia constituye uno de los pilares fundamentales del proceso penal moderno y debe mantenerse plenamente vigente. La incorporación de perfiles genéticos al sistema no puede generar estigmatización ni convertirse en una forma indirecta de anticipar responsabilidades penales antes de que exista una sentencia firme.
Por ello, será indispensable que las autoridades establezcan mecanismos de supervisión independientes y procedimientos transparentes respecto al manejo de la información genética. También deberán existir reglas claras sobre los plazos de conservación de los datos y los supuestos en los cuales corresponda su eliminación, especialmente cuando una investigación concluya sin determinar responsabilidad penal.
