El crimen de Santiago Guardamino, ocurrido en 2024, vuelve a investigarse tras cuestionamientos al archivo fiscal por falta de peritajes clave.
El caso del líder comunero Santiago Guardamino, asesinado en 2024 mientras enfrentaba a una empresa por la presunta compra irregular de terrenos comunales, ha sido reabierto por las autoridades tras detectarse graves deficiencias en la investigación inicial.
Según se conoció, la fiscalía archivó el caso en un primer momento alegando falta de pruebas, sin haber realizado peritajes fundamentales, como el análisis de los celulares de la víctima, lo que generó críticas por parte de la familia y su defensa.
Guardamino lideraba la defensa de terrenos de la comunidad de Quipán (Canta, Lima) frente a la empresa Industrias Argüelles. Antes de su asesinato, había logrado avances judiciales importantes, incluyendo la condena de un exdirigente comunal por la falsificación de documentos vinculados a la venta del predio.
Además, existía un proceso judicial contra el dueño de la empresa y su gerente por la compra del terreno a un precio muy por debajo de su valor real, así como denuncias de intentos de soborno en el caso.
La reapertura del caso busca esclarecer las circunstancias del crimen, incluyendo posibles amenazas previas que habría recibido el dirigente comunal por su oposición a la empresa.
Este caso ha generado preocupación por la seguridad de líderes comunales en el país y por la presunta falta de diligencia en las investigaciones iniciales.
