La adquisición de 24 cazas F-16 a Estados Unidos por más de USD 3.400 millones ha generado una nueva controversia política en el país, en medio de tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre el momento en que se concretó la operación.
La compra de aviones de combate F-16 Fighting Falcon por parte del Perú continúa generando polémica política y estratégica. Un reciente análisis advierte que esta adquisición no solo responde a necesidades de defensa nacional, sino también a intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región.
El Gobierno peruano acordó la compra de 24 aeronaves F-16 Block 70 fabricadas por Lockheed Martin por un monto superior a los USD 3.420 millones, con el objetivo de modernizar la flota de la Fuerza Aérea del Perú y reemplazar aviones antiguos como los MiG-29 y Mirage 2000.
Sin embargo, la operación se convirtió en una nueva crisis política luego de que el presidente interino José María Balcázar suspendiera temporalmente la firma del acuerdo el pasado 18 de abril, argumentando que una decisión de ese nivel debía ser tomada por el próximo gobierno.
La medida provocó tensiones dentro del Ejecutivo y también con Estados Unidos. Días después, la crisis derivó en la salida del entonces ministro de Defensa y del canciller, mientras crecían los cuestionamientos sobre cómo se manejó el proceso de compra.
Especialistas señalan que Washington busca fortalecer sus alianzas estratégicas en América Latina frente al avance de actores extrarregionales como China y Russia, además de asegurar su influencia en el mercado de defensa regional.
Pese a la controversia, sectores vinculados a la seguridad nacional sostienen que la renovación de la flota aérea era necesaria debido al desgaste operativo de las actuales aeronaves de combate peruanas.
El debate ahora se centra en si el próximo gobierno mantendrá la operación o revisará los términos de una compra que ya ha generado impacto político, diplomático y económico en el país.
