El aumento de fiscalización también responde a una necesidad estructural del país: elevar la presión tributaria.
La campaña de Renta Anual 2026 llega en un contexto de mayor presión fiscal y revisión de estructuras empresariales. Según data oficial de la SUNAT, los procesos de fiscalización vinculados a operaciones internacionales vienen creciendo sostenidamente, impulsados por el intercambio de información tributaria y la adopción de estándares OCDE.
En este escenario, los precios de transferencia se han convertido en uno de los factores menos visibles, pero más determinantes, en el resultado financiero de muchas empresas. Ajustes tributarios derivados de observaciones de la autoridad pueden incrementar la carga fiscal efectiva en rangos de 10% a 30%, dependiendo de la magnitud de las operaciones entre vinculadas.
“Hoy el riesgo ya no es solo regulatorio, es financiero. Un ajuste en precios de transferencia no solo implica pagar más impuesto, también impacta EBITDA, dividendos y valorización empresarial”, explica Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group.
De acuerdo con reportes públicos de la SUNAT, las acciones de control sobre contribuyentes medianos y grandes se concentran en sectores con mayor exposición internacional, como retail, servicios digitales, minería, manufactura y grupos multinacionales con financiamiento intragrupo.
El endurecimiento responde a una tendencia global. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha promovido estándares que obligan a las administraciones tributarias a revisar con mayor detalle la coherencia económica de las operaciones entre empresas vinculadas, especialmente en financiamiento, servicios intragrupo y uso de intangibles.
Para el mercado, el efecto es claro: la tributación deja de ser solo un cumplimiento contable y se convierte en un factor estratégico. Empresas con estructuras internacionales o crecimiento regional enfrentan un nuevo tipo de exposición: la volatilidad tributaria.
“Muchas compañías siguen viendo la Renta Anual como un cierre contable, cuando en realidad es una auditoría anticipada. Si no hay sustento económico sólido en operaciones vinculadas, el impacto se refleja directamente en caja”, añade Vargas Alencastre.
A su vez, Vargas advierte que uno de los errores más frecuentes es evaluar precios de transferencia sólo como un requisito documental y no como una variable financiera. Esto genera inconsistencias entre márgenes declarados, comparables de mercado y políticas internas, que luego son observadas por la administración tributaria.
Otro punto crítico es el financiamiento intragrupo. Con tasas internacionales aún elevadas en términos históricos, la deducibilidad de intereses y el cumplimiento del test de beneficio se han convertido en focos de revisión recurrentes, especialmente en grupos con matrices en el exterior.
Desde una perspectiva macro, el aumento de fiscalización también responde a una necesidad estructural del país: elevar la presión tributaria. Perú mantiene una recaudación cercana al 17% del PBI, por debajo del promedio de América Latina y de economías OCDE, lo que incentiva mayores controles sobre contribuyentes formales.
“En economías donde la presión tributaria es baja, la fiscalización se vuelve más quirúrgica. No necesariamente se amplía la base, pero sí se profundiza en contribuyentes con mayor capacidad contributiva”, señala el CEO de TPC Group.
Para las empresas, esto redefine la gestión tributaria: el enfoque ya no está en reaccionar ante una fiscalización, sino en anticiparla. En la práctica, implica integrar las decisiones tributarias a la estrategia financiera, la expansión internacional y la gestión de riesgos corporativos.
“El cambio más relevante es cultural. Las compañías que incorporan el análisis tributario en sus decisiones de negocio reducen contingencias y protegen el valor. Las que no lo hacen, terminan enfrentando ajustes que impactan directamente en resultados”, concluye Vargas Alencastre.
