Sonia Polino es señalada por un presunto conflicto de intereses tras la incorporación de Katherine León Lescano al área de Recursos Humanos del Parlamento. La trabajadora percibe una remuneración mensual de S/ 5.834 y su contratación ocurrió tres meses después de que su esposo asumiera la defensa legal del hijo de la funcionaria.
La jefa de Recursos Humanos del Congreso de la República, Sonia Polino, enfrenta cuestionamientos por la contratación de Katherine León Lescano, esposa del abogado que asumió la defensa legal de su hijo en una investigación por un presunto delito informático.
El caso fue revelado por el programa periodístico Punto Final y expone una posible situación de conflicto de intereses, debido a que León Lescano ingresó a trabajar en julio de 2023 como técnica del área de Administración de Personal, una dependencia vinculada directamente con la oficina encabezada por Polino.
De acuerdo con la investigación, la trabajadora fue incorporada bajo el régimen laboral 728 y percibe una remuneración mensual de S/ 5.834.
El vínculo entre la funcionaria y la trabajadora contratada
Los cuestionamientos se originan en la relación entre Katherine León Lescano y el abogado Miguel Arturo Galagarza Terán, su esposo, quien asumió la defensa de José Luis Pariamachi Polino, hijo de la jefa de Recursos Humanos del Congreso.
En abril de 2023, Pariamachi Polino fue detenido por la Policía Nacional, acusado de un presunto delito informático contra la fe pública, en la modalidad de suplantación de identidad agravada.
Tres meses después, en julio de ese mismo año, León Lescano ingresó a trabajar al Congreso, precisamente en el área de Administración de Personal.
Según el reportaje, el hijo de la funcionaria continúa bajo investigación del Ministerio Público.
La coincidencia entre la prestación de servicios legales al familiar de la funcionaria y la posterior incorporación laboral de la esposa del abogado ha generado interrogantes sobre las condiciones en las que se produjo la contratación y una eventual intervención de Polino en el procedimiento.
Sonia Polino negó haber realizado la contratación
El equipo periodístico de Punto Final buscó obtener la versión de la jefa de Recursos Humanos sobre el caso. Durante el primer acercamiento, la funcionaria evitó responder las preguntas relacionadas con el ingreso de León Lescano.
Posteriormente, sostuvo que, por su condición de servidora pública, no podía brindar comentarios. Sin embargo, ante la consulta directa sobre la contratación, manifestó que no había realizado ningún contrato y pidió que se verificara la información.
Por su parte, el programa también intentó comunicarse con Katherine León Lescano y su esposo, Miguel Arturo Galagarza Terán, para recoger sus descargos, pero no obtuvo respuesta.
Abogada advierte posibles implicancias penales
La abogada Romy Chang, consultada por el programa dominical, señaló que los hechos podrían configurar una presunta negociación incompatible, por lo que consideró necesario que sean investigados.
Asimismo, explicó que, si se demuestra que la contratación de León Lescano constituyó una contraprestación por los servicios legales brindados al hijo de la funcionaria, podría configurarse el delito de colusión entre la servidora pública y el particular involucrado.
Estas posibilidades legales dependerán de las investigaciones y de la acreditación de los elementos que exige la legislación penal. Hasta el momento, los cuestionamientos periodísticos no constituyen una determinación de responsabilidad penal.
También cuestionan inasistencias en el Congreso
Otro aspecto expuesto por Punto Final está relacionado con las inasistencias presenciales de Katherine León Lescano, quien habría dejado de acudir a su centro de labores durante dos días consecutivos, después de que el equipo periodístico intentara obtener información sobre su contratación.
El reportaje también hizo referencia a un oficio de la Oficialía Mayor del Congreso que dispone priorizar el trabajo presencial, con excepciones para determinados casos vinculados con discapacidad o enfermedades graves.
La situación ha generado nuevas interrogantes sobre el cumplimiento de las disposiciones laborales dentro del Parlamento y los mecanismos de supervisión del personal.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los procedimientos de contratación en el Congreso y la necesidad de esclarecer si se respetaron los principios de transparencia, imparcialidad y uso adecuado de los recursos públicos.
