El abogado penalista José Arturo Matos plantea incorporar una disposición en el Código Procesal Penal para evitar que hechos que no configuran delitos generen investigaciones fiscales.
El elevado número de denuncias que llegan al Ministerio Público no siempre corresponde a hechos que constituyen delitos. Esta situación puede generar la apertura de investigaciones sobre casos que, desde un inicio, podrían no tener relevancia penal, incrementando la carga de trabajo de las fiscalías y utilizando recursos que podrían destinarse a casos de mayor complejidad.
Frente a este escenario, el abogado penalista José Arturo Matos considera que el Código Procesal Penal debería incorporar un artículo que permita a la Fiscalía realizar un filtro inicial y determinar qué denuncias deben ser admitidas a investigación y cuáles corresponde rechazar por no constituir delito. Según explica, esta medida permitiría fortalecer la eficiencia del sistema de justicia y evitar que el Ministerio Público destine recursos a hechos que no tienen relevancia penal.
Actualmente, una denuncia puede dar lugar a actuaciones fiscales destinadas a determinar si existen elementos que justifiquen el inicio o continuación de una investigación. Sin embargo, para el especialista, resulta necesario fortalecer los mecanismos que permitan identificar tempranamente aquellos casos en los que los hechos denunciados no encajan dentro de una conducta tipificada como delito.
La propuesta apunta a que la Fiscalía pueda evaluar desde una etapa inicial la naturaleza de los hechos denunciados y determinar si existe fundamento jurídico suficiente para activar el aparato de persecución penal. Esto permitiría diferenciar entre aquellos casos que requieren una investigación y situaciones que podrían corresponder a otras vías, como la civil, administrativa o simplemente carecer de relevancia jurídica.
“No todo hecho denunciado constituye necesariamente un delito. La Fiscalía debería contar con una herramienta normativa clara que le permita realizar un filtro inicial, evitando que se abran investigaciones por hechos que desde el comienzo no tienen relevancia penal”, sostiene Matos.
El planteamiento también busca contribuir a descongestionar el sistema fiscal y judicial. Una mejor selección de los casos que ameritan una investigación penal podría permitir que fiscales y equipos especializados concentren sus esfuerzos en delitos que requieren una respuesta efectiva del Estado.
Para Matos, incorporar esta facultad en el Código Procesal Penal no significaría impedir el acceso de los ciudadanos a la justicia, sino establecer criterios que permitan determinar cuándo corresponde activar la vía penal y cuándo un conflicto debe ser atendido mediante otros mecanismos.
