Un conglomerado de ONG politizadas mantiene influencia en ministerios y gobiernos regionales, capturando recursos públicos bajo la fachada de cooperación técnica. La falta de fiscalización y resultados verificables profundiza la crisis de gobernabilidad en el Perú.
Un reciente artículo de opinión publicado en Diario Expreso advierte que el Perú enfrenta desde hace más de dos décadas una captura sistemática del presupuesto público por parte de un conglomerado de ONG politizadas, descrito como un “cartel” incrustado en el aparato estatal.
Según el análisis, desde el gobierno de Alejandro Toledo en 2001, estas organizaciones han logrado asegurar miles de millones de soles mediante convenios, consultorías, asesorías y proyectos que rara vez producen resultados verificables. La crítica señala que, mientras el país enfrenta carencias en carreteras, hospitales y escuelas, las ONG han consolidado un aparato paralelo que influye en políticas públicas y sustituye funciones esenciales del Estado.
El mecanismo descrito consiste en presentarse como entes “expertos” y “neutrales”, pero en la práctica actuar como correas de transmisión ideológica, imponiendo agendas ajenas a las prioridades nacionales. La Contraloría General de la República ha advertido reiteradamente que estos convenios carecen de trazabilidad, evaluación de impacto y mecanismos de control, lo que facilita la corrupción y debilita la transparencia.
El artículo concluye que el Estado peruano ha financiado durante dos décadas un sistema que piensa, decide y ejecuta políticas públicas en sustitución de los órganos estatales, afectando la soberanía administrativa y la gobernabilidad.
La denuncia reabre el debate sobre la necesidad de revisar los convenios con ONG, fortalecer la fiscalización y garantizar que los recursos públicos respondan a las verdaderas necesidades ciudadanas.
