Dentro del pedido de facultades legislativas, propone reformas penales, intervención de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia.
Con el objetivo de recuperar el principio de autoridad y devolver la tranquilidad a los peruanos, el Ejecutivo incluyó 14 medidas en materia de seguridad ciudadana, orden interno, control migratorio y reforma penitenciaria dentro del proyecto de ley de delegación de facultades legislativas presentada ante el Congreso de la República.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ratificó el compromiso del gobierno de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, en la lucha contra la criminalidad organizada. “El Gobierno combatirá al crimen con decisión, inteligencia, estrategia, acción y sanción a fin de recuperar el principio de autoridad y poner orden en las calles”, señaló.
En esa línea, aseguró que una de las primeras acciones tras la aprobación del marco normativo será eliminar la denominada “puerta giratoria”, impidiendo que delincuentes peligrosos acedan a la reducción de condenas o penas menores por terminación anticipada.
Medidas contra la inseguridad
Entre las propuestas presentadas por el Ejecutivo destacan la clasificación y registro oficial de las organizaciones criminales como “grupos hostiles”, con el fin que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, en apoyo de la Policía Nacional, en la detención y desarticulación de estas bandas criminales.
Asimismo, se propone el rastreo, localización, geolocalización, baja de líneas y bloqueo de dispositivos móviles usados en la comisión de delitos, sobre todo aquellos que se utilizan desde los centros penitenciarios y juveniles, así como un estricto control migratorio y fiscalización del uso civil de armas de fuego, municiones y productos pirotécnicos y la intervención excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales.
Finalmente, se plantea la reforma del sistema penitenciario para fortalecer la seguridad y la reinserción social; la implementación de la libertad vigilada postpenitenciaria y el registro para condenados por delitos de alta peligrosidad con el fin de prevenir la reincidencia y continuidad delictiva, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
