La Declaración de Cusco, suscrita en el III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, establece una ruta preventiva y trazable para enfrentar la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Se busca fortalecer la vigilancia, la capacidad operativa y la participación comunitaria en la gestión de las ACR.
Los gobiernos regionales del Perú anunciaron una estrategia conjunta para combatir la minería ilegal en las Áreas de Conservación Regional (ACR), espacios creados para proteger la biodiversidad y garantizar servicios ecosistémicos. La medida fue oficializada en la Declaración de Cusco, firmada al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional.
La propuesta contempla la implementación de alertas tempranas y monitoreo en tiempo real, apoyados en nuevas tecnologías, para detectar actividades ilícitas en zonas de conservación. Asimismo, se desarrollarán protocolos de fiscalización y evaluación en coordinación con entidades competentes, con el fin de sancionar a quienes afecten los objetivos de conservación.
Los gobiernos regionales también acordaron impulsar acciones de saneamiento físico-legal, reducir la rotación de funcionarios y garantizar la continuidad de equipos técnicos, evitando que los cambios de administración interrumpan los procesos de vigilancia. Además, se fortalecerán los comités de gestión multiactor, con participación de comunidades locales, organizaciones territoriales y sociedad civil.
Otro de los compromisos es priorizar recursos humanos, equipamiento y logística para mejorar la capacidad operativa de las ACR. Incluso se planteó modificar los mecanismos de asignación presupuestal, habilitando el uso de fondos del canon minero y de mecanismos como los MERESE (Retribución por Servicios Ecosistémicos) para financiar la conservación.
Con esta ofensiva, los gobiernos regionales buscan frenar el avance de la minería ilegal y la tala indiscriminada, que ponen en riesgo la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas. La Declaración de Cusco marca un paso hacia una política más firme de protección ambiental y de fortalecimiento institucional en la gestión de las ACR.
