El Ejecutivo busca obtener facultades legislativas para reformar la estructura del Estado. La propuesta contempla la posibilidad de fusionar, reorganizar o suprimir entidades públicas con el objetivo de reducir la burocracia y optimizar el gasto.
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicitó al Congreso facultades legislativas para implementar una reforma de la administración pública que permita fusionar, reorganizar o eliminar diversas entidades del Estado. La iniciativa forma parte del paquete de medidas orientadas a modernizar el aparato estatal, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y reducir los costos administrativos.
De acuerdo con la propuesta, el Ejecutivo tendría la potestad de evaluar la estructura y funciones de distintos organismos públicos para determinar si existen duplicidad de competencias o procesos que puedan integrarse en una sola institución. El objetivo es simplificar la gestión pública, optimizar los recursos y fortalecer la atención a la ciudadanía.
Entre las entidades que podrían ser objeto de evaluación figuran organismos como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y otras instituciones adscritas a diferentes ministerios. No obstante, el proyecto no establece que estas entidades serán eliminadas de manera automática, sino que plantea realizar un análisis técnico antes de adoptar cualquier decisión.
Especialistas señalan que una eventual reorganización deberá garantizar la continuidad de los servicios públicos, la protección de los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de las funciones de fiscalización, recaudación y supervisión que actualmente desempeñan estos organismos.
La propuesta será evaluada por el Congreso de la República, que deberá decidir si otorga las facultades solicitadas por el Ejecutivo y establecer los alcances y límites de una eventual reforma del Estado.
