Tres décadas después del ajuste económico aplicado durante el gobierno de Alberto Fujimori, las propuestas de Fuerza Popular vuelven a colocar en el debate temas como la disciplina fiscal, la inversión privada y la desregulación, aunque en un contexto económico y social distinto.
El denominado “Fujishock”, aplicado en agosto de 1990 durante el gobierno de Alberto Fujimori, marcó uno de los episodios económicos más importantes y polémicos de la historia reciente del Perú. La medida buscó frenar la hiperinflación que afectaba al país mediante un programa de estabilización que incluyó la eliminación de subsidios, la liberación de precios y un fuerte ajuste fiscal. En ese momento, la inflación mensual llegó a niveles extremadamente elevados, generando una pérdida del poder adquisitivo de millones de peruanos.
Más de 35 años después, el fujimorismo vuelve a plantear una agenda económica con algunos elementos que recuerdan aquella etapa. El plan de gobierno de Keiko Fujimori y Fuerza Popular para el periodo 2026-2031 propone mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer la inversión privada, reducir trabas burocráticas y aplicar un “shock desregulatorio” para impulsar la actividad económica.
Sin embargo, especialistas señalan que ambos escenarios no son iguales. Mientras el Fujishock respondió a una crisis extrema de inflación y desabastecimiento, las propuestas actuales se plantean en un país con una economía más estable, con un Banco Central de Reserva (BCR) fortalecido y con el desafío de recuperar el crecimiento, aumentar el empleo formal y reducir las brechas sociales.
Entre las coincidencias se encuentra la apuesta por un modelo basado en la economía de mercado, la reducción de obstáculos para las empresas y el impulso de la inversión privada como motor del crecimiento. Además, Fuerza Popular ha señalado que busca preservar la autonomía del BCR y mantener la disciplina fiscal, elementos que fueron parte de la transformación económica de los años noventa.
Las diferencias principales están relacionadas con las circunstancias del país. En 1990, las decisiones fueron tomadas como respuesta a una emergencia económica; en cambio, el programa de 2026 plantea reformas orientadas a mejorar la competitividad, atraer inversiones y generar empleo en un escenario de menor inflación.
El debate sobre la relación entre ambas etapas refleja una discusión más amplia: para algunos sectores, las políticas de los años noventa permitieron recuperar la estabilidad económica; para otros, dejaron costos sociales importantes que aún forman parte de la memoria nacional.
De esta manera, el posible retorno de propuestas asociadas al fujimorismo económico abre una interrogante central para el Perú: cómo combinar estabilidad, crecimiento y responsabilidad fiscal sin repetir los impactos sociales de los ajustes aplicados durante una crisis.
