Gremios de transporte urbano decidieron no acatar la paralización luego de reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y miembros del Ejecutivo, quienes presentaron medidas frente a la inseguridad y las extorsiones que afectan al sector.
Los gremios de transporte urbano confirmaron que no acatarán el paro convocado para este martes 25 de agosto, luego del diálogo sostenido con el Gobierno y de conocer las acciones que el Ejecutivo plantea implementar frente a la creciente inseguridad que afecta a los trabajadores del sector.
La decisión fue anunciada por dirigentes como Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, quien señaló que el sector buscaba principalmente establecer un diálogo directo con la presidenta de la República para conocer las medidas que se adoptarían frente a la ola de criminalidad.
Asimismo, Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, informó que su gremio y otros 11 grupos decidieron no participar de la medida de fuerza después de ser convocados a una reunión con la mandataria y ministros de Estado.
Durante el encuentro, los transportistas expusieron sus propuestas y escucharon las acciones que el Gobierno viene preparando para enfrentar las amenazas, extorsiones y otros hechos delictivos que afectan al transporte público.
Los dirigentes señalaron que el diálogo permitió conocer con mayor detalle las medidas que pretende implementar el Ejecutivo. Pareja sostuvo que, tras escuchar las propuestas gubernamentales, ya no existiría razón para mantener la paralización y expresó su confianza en los compromisos asumidos por la presidenta.
La suspensión representa un cambio respecto a la convocatoria anunciada días atrás, cuando diferentes gremios habían planteado paralizar sus actividades ante la inseguridad y la falta de respuestas a sus demandas.
Sin embargo, el panorama previo había mostrado una división entre las organizaciones del sector, por lo que la decisión de no acatar el paro corresponde a los gremios que participaron en las conversaciones con el Ejecutivo.
El principal reclamo de los transportistas está relacionado con la extorsión, las amenazas y los ataques contra conductores y empresas, problemática que ha generado preocupación debido a su impacto en la seguridad de trabajadores y pasajeros.
Con la suspensión de la medida, el Gobierno y los representantes del transporte deberán continuar las conversaciones para evaluar las acciones anunciadas y buscar mecanismos que permitan reducir la criminalidad que afecta al sector.
