Sergio Espinosa sostuvo que la institución ya había entregado la información solicitada por el Ministerio Público y consideró innecesaria la diligencia judicial. La Fiscalía intervino 15 inmuebles en una investigación por presunto favorecimiento a empresas de transporte de valores.
El superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, calificó como “un poco desproporcionado” el allanamiento realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) en la sede principal de la institución, en San Isidro. La diligencia forma parte de las investigaciones del caso denominado “Los Herméticos del Caudal”.
En declaraciones a Infobae, Espinosa sostuvo que la SBS había entregado oportunamente la información solicitada por la Fiscalía y que incluso se había realizado una diligencia anterior para recopilar documentación.
“En la continuación de estas investigaciones, a pesar de que hemos entregado toda la información, han decidido hacer esta diligencia para recabar más información. Nosotros somos respetuosos de eso. Nos parece un poco desproporcionado, pero es lo que la ley manda”, manifestó.
El funcionario también rechazó que la institución haya favorecido a empresas de transporte de valores para restringir la competencia en ese mercado. Según explicó, estas compañías son proveedoras de los bancos y no representan un riesgo propio para los fondos de los ahorristas.
Fiscalía intervino 15 inmuebles por investigación
El allanamiento se realizó desde la madrugada del viernes 20 de noviembre y comprendió 15 inmuebles ubicados en distintos puntos del país.
Entre los lugares intervenidos figuran dos edificios vinculados a la SBS, una sede de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), cuatro locales relacionados con empresas y organizaciones del sector de transporte de valores y ocho viviendas particulares.
En el operativo participaron 24 fiscales y efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, además de personal de inteligencia y otras unidades especializadas.
La investigación comprende el presunto delito de negociación incompatible y alcanza a ocho personas. Según la hipótesis fiscal, habría existido una presunta concertación entre funcionarios públicos y representantes de empresas privadas para favorecer a Hermes y Prosegur, con el objetivo de mantener su posición en el mercado de transporte de caudales e impedir el ingreso de nuevos competidores.
Las pesquisas buscan esclarecer si desde 2017 se realizaron coordinaciones irregulares para influir en decisiones y condiciones regulatorias relacionadas con esta actividad económica.
SBS confirma que dos funcionarios están bajo investigación
A través de un comunicado, la SBS informó que el 19 de noviembre tomó conocimiento de que dos de sus funcionarios habían sido incluidos en la investigación fiscal.
La institución señaló que ambos vienen colaborando con las autoridades conforme a ley y reiteró que ha atendido los requerimientos de información del Ministerio Público desde el inicio de las indagaciones.
Asimismo, cuestionó que se haya solicitado y obtenido una orden judicial de allanamiento pese a que, según su versión, no tenía información pendiente de entregar.
La entidad también rechazó la filtración de información reservada relacionada con el caso, al considerar que puede afectar la integridad y la imparcialidad de las investigaciones.
Investigación continúa bajo responsabilidad de la Fiscalía
El caso está a cargo del fiscal Pedro Jackson Ignacio Delgado, bajo la conducción del fiscal provincial Néstor Rivera Navarro, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para recopilar información y esclarecer los hechos, la SBS sostiene que sus funcionarios han actuado dentro del marco legal y niega cualquier favorecimiento irregular.
Hasta el momento, las investigaciones se mantienen en curso y las presuntas responsabilidades deberán determinarse conforme avance el proceso fiscal.