El partido de Rafael López Aliaga solicitó que Gunther Gonzáles Barrón no participe en la apelación sobre su candidatura a primer regidor de Lima, alegando dudas sobre su imparcialidad por pronunciamientos previos contra la reelección encubierta.
El personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz, presentó un escrito de recusación contra el magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gunther Gonzáles Barrón, con el objetivo de que no intervenga ni vote en la apelación que definirá la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima.
La defensa del partido argumenta que la solicitud no se basa únicamente en el hecho de que Gonzáles Barrón se haya pronunciado previamente en contra de admitir la postulación del exalcalde, sino también en sus manifestaciones públicas posteriores en redes sociales, vinculadas con la controversia electoral. Según Sandoval, estas expresiones generan una “duda razonable” sobre la apariencia de imparcialidad que debe mantener todo órgano jurisdiccional.
El caso se enmarca en el debate sobre la llamada “reelección encubierta”, que ocurre cuando un alcalde en funciones postula como primer regidor de la misma jurisdicción, lo que le permitiría eventualmente volver a ocupar la alcaldía tras la renuncia del candidato principal. En la Resolución 3153-2026-JNE, el Pleno del JNE resolvió por mayoría que esta figura no constituye reelección inmediata, aunque Gonzáles Barrón fue el único magistrado en votar en contra.
La candidatura de López Aliaga ha sido cuestionada por diversos sectores, que sostienen que su postulación vulnera la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes. El Pleno del JNE deberá pronunciarse en última instancia antes del 5 de septiembre, fecha límite para resolver las tachas e impugnaciones de las elecciones regionales y municipales de 2026.
La recusación contra Gonzáles Barrón añade un nuevo capítulo a la controversia, en un proceso electoral marcado por disputas legales y acusaciones de maniobras para mantener a alcaldes en el poder pese a las restricciones constitucionales.
