Desde las primeras horas de la madrugada, diversos gremios de transportistas acataron un paro nacional de 24 horas, lo que provocó la suspensión parcial del servicio de transporte público en Lima y Callao. La medida de protesta responde a los constantes casos de inseguridad ciudadana, extorsión y violencia que, según los dirigentes del sector, vienen afectando gravemente a conductores y propietarios de unidades.
La paralización generó dificultades en el desplazamiento de miles de ciudadanos, quienes se vieron obligados a recurrir a servicios de transporte informal, caminar largas distancias o modificar sus horarios habituales. En varios puntos de la capital se registró congestión vehicular y una menor afluencia de transporte público.
Los representantes de los gremios señalaron que la protesta busca llamar la atención del Gobierno y exigir acciones concretas y efectivas frente al incremento de delitos, especialmente aquellos vinculados a bandas criminales que operan mediante amenazas y cobros ilegales a los transportistas. Asimismo, denunciaron la falta de resultados visibles pese a anteriores reuniones con autoridades.
Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo exhortó a los empleadores a otorgar tolerancia en los horarios de ingreso laboral, con el fin de no perjudicar a los trabajadores afectados por la paralización del servicio. Por su parte, la Policía Nacional del Perú desplegó personal en zonas estratégicas para garantizar el orden público y prevenir incidentes durante la jornada de protesta.
Cabe señalar que no todos los sectores se sumaron a la medida. Algunas zonas comerciales anunciaron que continuarían atendiendo con normalidad, aunque reconocieron una disminución en la concurrencia de clientes debido a las restricciones en el transporte.
Los dirigentes de los transportistas advirtieron que, de no obtener una respuesta satisfactoria por parte del Ejecutivo, no se descarta la convocatoria a nuevas medidas de fuerza en los próximos días. Mientras tanto, el paro nacional vuelve a poner en evidencia la preocupación ciudadana por la inseguridad y la demanda de soluciones estructurales que garanticen la protección de trabajadores y usuarios del transporte público.
