El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) respondió a las denuncias sobre contrataciones de afiliados políticos señalando que todos los procesos se ajustan a la normativa vigente, y que la afiliación partidaria no es impedimento legal para prestar servicios en la administración pública.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), encabezado por la ministra Sandra Gutiérrez Cuba, emitió un comunicado oficial en respuesta a críticas periodísticas y cuestionamientos públicos sobre la contratación de personas vinculadas políticamente en la institución.
Mediante su pronunciamiento, el Ministerio aseguró que todos los procesos de contratación se realizan conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas y la normativa relacionada, subrayando que las órdenes de servicio otorgadas en el sector son prestaciones de carácter temporal que se tramitan según los procedimientos legales establecidos.
Además, la cartera reafirmó que la afiliación política no constituye ni un criterio de evaluación ni un impedimento legal para la prestación de servicios en el Estado, y defendió que su gestión es técnica y profesional, desligándose de toda forma de proselitismo partidario.
El Ministerio también reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia, indicando que cumple con las normas vigentes en cada uno de los procesos de selección y contratación de personal.
Este pronunciamiento se da en un contexto en el que distintas voces han cuestionado la legalidad y la idoneidad de contrataciones realizadas en el sector, planteando posibles irregularidades en tiempos recientes.
